David Dorado es desimputado en el ‘caso Infraestructuras’: “Se abrió una causa general contra mí”

Córdoba

El titular del juzgado de Instrucción número 4 de Córdoba, José Luis Rodríguez Lainz, ha finalizado la instrucción de la pieza central del llamado 'caso Infraestructuras' tras cinco prórrogas y más de 3 años de investigación.

Esta causa, que investigaba más de 40 contratos realizados por la delegación de Infraestructuras del Ayuntamiento de Córdoba en 2020, pasará a la fase de juicio oral con 5 investigados: la excoordinadora general de Infraestructuras, un funcionario y 3 empresarios por los presuntos delitos de prevaricación, falsedad en documento oficial y fraude en la contratación pública.

El juez desestima la imputación del exconcejal de la delegación entonces, David Dorado, y del resto de empresarios investigados.

En un auto firmado el pasado 14 de febrero y avanzado por ABC y Cordópolis, estima que la responsabilidad de Dorado queda "difuminada" en los contratos con indicios de delito ya que su intervención se limita a "firmar la autorización de pago previa presentación de facturas debidamente informadas". Se refiere Rodríguez Lainz a los dos contratos de iluminación de la avenida de Libia, incluidos en el 'Plan de choque' del consistorio cordobés para la realización de contratos menores en pandemia en 2020 y que, según el juez, fueron objeto de un "fraccionamiento inadecuado" y "patente" cuando "se corresponde realmente con una misma obra de iluminación de un solo tramo de la avenida".

El juez destaca en el auto la relación de "amistad" del funcionario investigado, el entonces jefe de Mantenimiento de Edificios, y los empresarios implicados en los contratos señalados en el auto. La forma de actuar del trabajador municipal y sus "conocidos" era estar detrás de 2 de las 3 empresas que eran invitadas a la terna entre la que finalmente se adjudicaba el contrato menor por una obra o suministro.

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De los contratos investigados e incluidos en el informe que presentó en su momento la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Córdoba, finalmente Rodríguez Lainz ve indicios de delito en 4: en la adjudicación del suministro e instalación de una enfriadora en el centro cívico Centro, otro suministro de la misma máquina en el centro de Servicios Sociales de Moreras y las dos obras de iluminación de la avenida de Libia. Aunque en uno de ellos, el primero, el juez entiende que no hubo realmente perjuicio económico por la diferencia entre las cantidades y lo finalmente ejecutado o instalado.

En el auto, el juez apunta al delito de falsedad documental en el certificado de fin de las obras realizado por el funcionario sobre los contratos de la avenida de Libia y considera a los 3 empresarios cooperadores necesarios. A lo que suma la prevaricación producida por el fraccionamiento.

Rodríguez Lainz mantiene la imputación al cargo de confianza del exconcejal David Dorado, la excoordinadora general de Infraestructuras, por "no hacer absolutamente nada" a pesar de las objeciones del órgano de apoyo a la Junta de Gobierno local a los contratos de la avenida de Libia por el mencionado fraccionamiento. De ahí su participación como autora "cuando menos a título de dolo eventual" por el delito de prevaricación.

En cuanto al funcionario, por su confección de las ternas de empresarios para beneficiar a determinados empresarios, el juez afirma que podría ser imputado de forma subsidiaria "por un delito consumado de tráfico de influencias".

Igualmente, observa sendos delitos de fraude en la contratación pública por el "indiscutible quebrando económico para la Hacienda Local". Para este delito, en un auto de rectificación posterior al que ha tenido acceso Radio Córdoba, el juez estima que debe ser llevado al Tribunal del Jurado.

El juez, que traslada a las partes el auto para la posterior apertura del juicio oral, descarta el resto de contratos objeto de la investigación por no hallar suficientes indicios de delito.

David Dorado: "Cuando es lenta, la justicia deja de ser justa"

En declaraciones a Radio Córdoba, el exconcejal de Infraestructuras se ha mostrado "tranquilo" tras la decisión del juez.

Lamenta la "pena de banquillo" sufrida, aunque entiende que su imputación fue por "garantía procesal". Aunque insiste en que cuando la justicia es lenta, "deja de ser justa". Sí insiste en el "daño reputacional" provocado en este tiempo, que ha sobrellevado "por el apoyo de la familia y los amigos":

Dorado asegura que no guarda rencor a sus antiguos compañeros de partido en Ciudadanos (Cs) y a sus excompañeros del gobierno local de PP-Cs, aunque se alegra de "no depender de la política" para vivir.

Reconoce que el proceso, que ha durado años, ha sido "doloroso". En cuanto al resto de personas imputadas, especialmente de la excoordinadora general de Infraestructuras, apela a la "presunción de inocencia".

"Se abrió una causa general contra mí", manifiesta sobre lo publicado y opinado a lo largo de este periodo procesal.

Actualmente, Dorado sigue como imputado en el caso de un contrato de vigilancia de Edificios Públicos, cuyo juicio deberá celebrar la Audiencia Provincial de Córdoba. Aunque defiende su inocencia sobre un contrato que le fue enviado para su firma y que suponía un servicio provisional hasta la adjudicación definitiva del contrato en 2022, "cuando ya no era concejal".