IU denuncia ante la oficina andaluza antifraude un posible conflicto de intereses en la operación de reparcelación del solar de Casitas Bajas

Cádiz

Izquierda Unida ha interpuesto una denuncia ante la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción por lo que entienden como un posible conflicto de intereses en la operación de reparcelación que proyecta el Ayuntamiento de Cádiz en el solar de Casitas Bajas. Según la denuncia, a la que ha tenido acceso la SER, la formación de izquierdas solicita a ese organismo que se investigue qué tipo de relación existe entre las dos promotoras que son propietarias del suelo y la pareja de la concejala de Vivienda y presidenta de PROCASA, Ana San Juan.

En el documento de diez páginas presentado por IU se hace un relato cronológico en el que adjuntan capturas de pantalla del Registro Mercantil y noticias de prensa para tratar de justificar que existe un vínculo que debe ser investigado y que podría ser determinante, según el partido, en la decisión de enajenar los aprovechamientos urbanísticos municipales que tiene tanto el Ayuntamiento de Cádiz como PROCASA en esos terrenos.

La intención del consistorio gaditano es -a falta de que se den los últimos pasos administrativos- sacar a subasta pública el aprovechamiento urbanístico municipal del que dispone en esos suelos, de forma que cualquier empresa podría pujar y llevárselo. Con el dinero obtenido de esa subasta el gobierno local pretende reinvertirlo en la remodelación de la barriada de Manuel de Falla, más conocida como Casitas Bajas.

Según Raúl Láinez, miembro de la coordinadora de Izquierda Unida en Cádiz capital, existe un "más que posible conflicto de intereses en la operación", y ha añadido que aunque "el conflicto de intereses es aparente, lo innegable es que Bruno García ha puesto al frente de las políticas de vivienda a un delfín de los promotores para seguir vendiendo el suelo público de Cádiz". Además, ha advertido de que IU seguirá "vigilante a cada paso que den para impedir que conviertan el suelo público de esta ciudad en el negocio privado de unos pocos".

IU Cádiz ciudad ha expresado su preocupación a través de una nota de prensa en la que lamentan que "esta es la 'Marca PP', que deja el Partido Popular cuando gobierna, que se está repitiendo en otros puntos de Andalucía como la propia formación a nivel andaluz está denunciando, sacando a la luz las mas que 'dudosas' subvenciones y proyectos a entidades privadas de la órbita de la derecha".

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Por último, señalan desde la formación que más allá de lo que concluya la Oficina Antifraude, es insostenible que las políticas de vivienda de la ciudad las dirija un “delfín” de las promotoras privadas, por lo que se requiere a Bruno García a dar explicaciones de todo esto en el Pleno Extraordinario de Vivienda y a tomar medidas de inmediato. El alcalde de esta ciudad debe asegurar que no haya nadie dentro de su Gobierno que pueda influir para que el suelo público, como es el caso de Casitas Bajas se acabe enajenando en favor de una promotora privada, vinculada a través de familiares a la propia Presidenta de Procasa que es quién establece y aprueba las condiciones del pliego de venta.