El juez Vilaplana cita a declarar a 21 investigados en la causa de la Faffe

Sevilla

El juez Ignacio Vilaplana impulsa la investigación a la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo y llama a declarar como investigados, entre marzo y abril, a 21 personas por los supuestos delitos de malversación y prevaricación administrativa. Entre ellos el ex director general, Fernando Villén, y la directora económica, Ana Valls. El juez prorroga la investigación y explica que los investigadores de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) han encontrado supuestas irregularidades en las contrataciones que hacía la FAFFE con diferentes empresas o sociedades como el grupo Proyempleo o la Federación de Mujeres Progresistas. Además han apreciado irregularidades también en las justificaciones que hacía la Fundación de las subvenciones públicas que recibía.

De igual modo, el instructor hace mención en el auto a la existencia de “serios indicios de la irregular contratación de personal por parte de la Faffe; de modo que se habría detectado la posible injustificada -sin observar procedimiento alguno ni respetar las exigencias legales para la contratación- contratación de, al menos, 84 personas”. Una contratación que habría sido realizada “con omisión de los principios de publicidad y libre concurrencia, sin procedimiento ni convocatoria de ningún tipo ni observancia de los principios de mérito y capacidad".

Los agentes han encontrado un correo electrónico en la que uno de los investigados, Antonio Jiménez, facilita a otra investigada, Marián Rufo, indicaciones para la contratación de determinadas personas. "Todas ellas familiares de personas con vinculaciones políticas". Entre ellos el hijo de Aurora Atoche, del PSOE de Sevilla o la nuera de Carmen Mejías, "mujer de Juan María González Fernández y, por tanto, cuñada de Felipe González". En ese correo Jiménez pide a Rufo que destruya el correo después de leerlo.

El  juez acuerda librar oficio a la Dirección General del SAE y a la Tesorería General de la Seguridad Social para que faciliten a la UCO una serie de documentación e información relacionada con la contratación por parte de la Faffe de diez personas concretas, entre los años 2009 y 2011. Años en los que la causa no estaría prescrita como sí puede ocurrir con las contrataciones supuestamente irregulares realizadas años antes.

Vilaplana señala que en este procedimiento se investigan, en primer lugar, “presuntas irregularidades en materia de contratación de proveedores ”, ya que “existen indicios de que la Faffe habría llevado a cabo licitaciones y adjudicaciones de contratos en favor de distintos proveedores al margen de la disciplina y de la legalidad administrativa y financiera aplicable, principalmente en el curso de los ejercicios -al menos- 2008, 2009 y 2010, acudiendo de forma arbitraria e injustificada a procedimientos simplificados y directos, que en realidad serían de uso y utilización excepcional en cuanto suponen una quiebra de los principios de libertad de acceso a las licitaciones y de publicidad, obstaculizando así la libre concurrencia y competencia entre contratistas y convirtiéndolos en procedimientos de contratación administrativa opacos, en favor de determinados adjudicatarios”.

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En el auto dice que el importe total de los contratos  alcanzaría la cuantía de 9.465.332 euros. El juez alude igualmente a “la existencia de irregularidades en la justificación de subvenciones que la Faffe percibía, fundamentalmente de la Consejería de Empleo y del Servicio Andaluz de Empleo (SAE)”, y ello “en íntima conexión con las irregularidades en la contratación anteriormente descritas, pues la mayor parte de estas ilicitudes en la justificación de las subvenciones se articularían mediante contrataciones ficticias que permitirían realizar imputaciones de gasto -por servicios no prestados, desde luego -al menos-, en el marco de la correspondiente subvención- a las mismas”.