Denuncia contra la Junta y la ONG Inserta Andalucía por presuntas irregularidades en los contratos de los pisos de jóvenes extutelados

Bajo lupa los contratos entre la Junta de Andalucía y la ONG Inserta Andalucía. El grupo parlamentario Por Andalucía ha presentado una denuncia ante los juzgados para denunciar presuntas irregularidades en la adjudicación y ejecución del denominado programa JEM+18, vinculado a la creación de alojamientos y programas de inserción sociolaboral para jóvenes migrantes no acompañados de entre 18 y 25 años de edad. La denuncia pone el foco en los dos lotes del programa que fueron adjudicados por la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad a la entidad Inserta Andalucía en julio de 2023 para gestionar pisos de jóvenes migrantes extutelados en Málaga y Granada. El contrato era por dos años -sigue en vigor- y por una cuantía de 1.016.390 euros y 1.159.267 euros respectivamente. La ONG se presentó en ambos lotes cómo única licitadora.

La denuncia de Por Andalucía acusa a la Junta de Andalucía, bien con “connivencia o grave negligencia”, de “falsear” los expedientes de contratación al tramitar pliegos para licitar ese servicio que incorporaba información “falseada” aportada por la ONG sobre la subrogación de trabajadores necesaria. Esta situación habría disuadido a potenciales licitadores, ya que el coste del servicio se duplicaba, con lo que habría beneficiado a Inserta Andalucía en el concurso público. Es lo ocurrido supuestamente en el caso del servicio en Málaga, donde la documentación de la licitación establecía la obligación de subrogarse 14 trabajadores al cien por cien de su jornada, cuando sólo ocho prestaban sus servicios en dicha actividad y de ellos, sólo tres lo hacían a jornada completa. Las otras seis personas que no trabajaban en el programa sí eran empleados de la entidad, pero desempeñaban su función en otros servicios contratados distintos a ese programa. Un “falseamiento” de los expedientes de contratación que habría pervertido la libre concurrencia de entidades que pudiera ser licitadores, según la formación política. También achaca a la administración regional el haber permitido que los contratos, una vez firmados, no se cumplieran “en los términos pactados, produciendo un ilegal beneficio a la empresa con dinero público”.

En cuanto a Inserta Andalucía, la coalición la acusa de ‘inflar’ presuntamente el listado de personal con el que concurría a la licitación para conseguir la adjudicación, aunque posteriormente no cumplía los términos del contrato, destinando menos personal del contratado al servicio. De este modo, de un lado habría conseguido beneficiarse en el concurso y, por otra parte, habría logrado un enriquecimiento ilícito con menos costes de personal.

La denuncia añade que la mujer y el hijo de un responsable de la Junta en la consejería de Inclusión Social fueron supuestamente contratados por Inserta Andalucía en diferentes programas que la entidad gestiona en Sevilla una vez que fue adjudicataria de contratos públicos. Sostiene la coalición que era "la persona referente habitual para la interlocución por parte de la Junta de Andalucía". La Junta niega categóricamente que un alto cargo pueda estar vinculado a este asunto.

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Expedientes en Granada, Málaga y Cádiz

En el caso de los pisos de jóvenes extutelados en Granada, de los 15 empleados que aparecían en el expediente, siete no trabajan en el servicio licitado ni estaban relacionados con el mismo, según el anexo de la denuncia, que añade cuatro expedientes más en Málaga, Granada y Cádiz con supuesto falseamiento de personal imputado a distintos servicios contratados por la administración. Entre ellos, el denominado programa María Zambrano de orientación, asesoramiento e inserción social y laboral para jóvenes del sistema de protección de menores adjudicado en Málaga en 2020, por una cuantía total de 701.280 euros incluyendo las distintas prórrogas (servicio que acaba de ser licitado también con anomalías, según la coalición). El modus operandi incluía presuntamente cambiar el orden de las iniciales de forma que dos trabajadores que ya estaban teóricamente con jornada completa en ese programa aparecían también a jornada completa en el de los pisos tutelados (JEM).

Y en el mismo programa adjudicado en Cádiz el 28 de octubre de 2020 por 263.062 euros se incluían dos personas que nunca han trabajado en esa provincia, según la denuncia. En este caso, la antigüedad de esos empleados habría resultado clave para conseguir la adjudicación frente a los otros tres licitadores. En esos dos últimos casos, los órganos de contratación fueron las delegaciones territoriales de la Junta.

Antes de que Por Andalucía llevase este caso a los tribunales, un trabajador presentó distintas quejas vinculadas con este asunto ante la Junta, el Defensor del Pueblo Andaluz y la Inspección de Trabajo a finales de 2023. Finalmente acabó presentando una denuncia ante la Fiscalía en junio de 2024. Un mes antes fue despedido.

La Junta afirma que ha actuado y la ONG niega irregularidades

Por respuesta ante este caso, la Junta de Andalucía ha indicado que “desde que tiene conocimiento de cualquier dejación de un contrato ha puesto los resortes de la administración a trabajar a través de dos vías principales: obligar al cumplimiento del contrato y activar la labor inspectora”. En cualquier caso, rechaza cualquier vinculación de altos cargos de la administración.

Contactado por esta emisora, Francisco Lupiáñez, el director general de Inserta Andalucía, sostiene que “no es verdad” que se hayan producido irregularidades en sus contrataciones con la Junta de Andalucía y que el personal se ajusta a lo contratado, pero declina profundizar más en este asunto indicando que es un contrato realizado con la administración pública.