Abogados de Málaga, Barcelona y Madrid plantean desalojos en 48 horas contra la ocupación ilegal

Málaga

Los Colegios de Abogados de Barcelona, Madrid y Málaga han presentado este martes en la capital catalana una propuesta legislativa conjunta contra la okupación ilegal en la que instan –como medida más destacada– a que se pueda ordenar el desalojo de los okupas hasta 48 horas después de interponer la denuncia en caso de que los inquilinos no puedan acreditar la "posesión legítima".

En este momento, el juzgado de guardia sólo puede ordenar el desalojo exprés durante las primeras horas de la ocupación. De esta manera, se busca proteger a los propietarios, al darles la oportunidad de reclamar ya en sede policial la expulsión de los okupas de forma cautelar.

Ocupación ilegal

La propuesta, presentada en el II Congreso sobre Ocupación Ilegal organizado por el Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB), forma parte de una batería de reformas legislativas, tanto civiles como penales, para hacer frente a un problema que "se ha multiplicado exponencialmente» en los últimos años", según recoge el documento elaborado por los abogados.

Así, la propuesta contempla cambios en los delitos de allanamiento de morada o usurpación contemplados en el Código Penal para agilizar la actuación y que los propietarios puedan recuperar su vivienda lo antes posible. Además, los abogados proponen invalidar "la alegación de la vulnerabilidad» por parte de los okupas, ya que están incumpliendo la «exigencia" del respeto a la propiedad ajena recogida en la ley de vivienda.

Así, los letrados señalan que los jueces deberían adoptar la medida cautelar urgente y que la administración es la que ha de proceder a intentar "realojar" a los okupas, "sin posibilidad alguna de suspensión de la expulsión". También piden modificar la ley de enjuiciamiento criminal para que los juzgados de guardia puedan adoptar la medida cautelar de desocupación cuando se denuncie un delito leve de usurpación.

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Las comunidades de vecinos

La propuesta también contempla, en el ámbito civil, que se habilite al presidente de la Comunidad de Propietarios para que pueda emprender acciones legales cuando el propietario del inmueble okupado "mantenga una posición pasiva" y los okupas provoquen "problemas de convivencia" en la comunidad.

En la presentación del congreso han participado el decano del ICAB, Jesús Sánchez; el decano del Colegio de la Abogacía de Madrid, Eugenio Ribón, y el secretario de la Junta de Gobierno y diputado Responsable de Formación del Colegio de la Abogacía de Málaga, Rafael Soto.

El representante del Colegio de Málaga, ha subrayado que esta iniciativa se centra en ocupaciones sin legitimidad alguna, excluyendo casos de impagos de alquiler o finalización de contratos de arrendamiento.

Desalojos con coordinación social

Otro punto destacado de la propuesta es la coordinación con las administraciones públicas en materia de vivienda. El órgano judicial que reciba la denuncia deberá notificar a los servicios sociales sobre la fecha prevista del desalojo para que, en caso de que los ocupantes sean personas vulnerables, puedan activarse medidas de realojo.

Finalmente, el proyecto plantea la eliminación de la competencia del tribunal del jurado para juzgar delitos de violación de domicilio, buscando así una mayor agilidad procesal.