La audiencia de Sevilla absuelve al exconsejero Antonio Fernández por las ayudas a Surcolor
El tribunal condena a penas de entre un año y tres años y dos meses de prisión a otros nueve acusados por delitos de falsedad en documento mercantil, malversación y prevaricación
El ex consejero Antonio Fernández / cadena ser
Sevilla
La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla ha absuelto a tres ex altos cargos de la Administración autonómica de los delitos que le atribuía la acusación popular ejercida por el PP-A -el exconsejero de Empleo Antonio Fernández; el ex viceconsejero del ramo Agustín Barberá y el ex director general de Trabajo Juan Márquez- por concurrencia de cosa juzgada, ya que fueron condenados por estos mismos hechos en la pieza separada del denominado procedimiento específico. Destacar que han sido condenados a tres años y medio de cárcel al exdelegado de Empleo de la Junta de Andalucía en Sevilla Antonio Rivas y a tres años de prisión al exdirector general de Trabajo y Seguridad Social Daniel Alberto Rivera en una pieza separada del caso ERE por las ayudas a las empresas Surcolor y Surcolor Óptica.
En la sentencia, fechada el día 7 de enero y notificada hoy jueves a las partes personadas en este procedimiento, el tribunal condena al ex director general de Trabajo Daniel Alberto Rivera como autor de un delito continuado de prevaricación en concurso medial con un delito continuado de falsedad en documento oficial y con un delito de malversación de caudales públicos, con las atenuantes de dilaciones indebidas y de reparación del daño, y le impone tres años de prisión, el pago de una multa de 452 euros y 24 meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público.
De igual modo, los magistrados condenan al exdelegado de Empleo de la Junta en Sevilla Antonio Rivas a tres años y seis meses de cárcel y siete años de inhabilitación absoluta como cooperador necesario de un delito continuado de prevaricación en concurso medial con un delito continuado de malversación con la atenuante de dilaciones indebidas, absolviéndolo del delito de tráfico de influencias que le fue atribuido en el juicio por la acusación particular ejercida por la Junta de Andalucía. El tribunal impone además condenas de entre un año y tres años y dos meses de cárcel a otros nueve acusados en esta pieza separada por delitos de prevaricación, malversación y falsedad en documento mercantil, en todos los casos con la atenuante de dilaciones indebidas, acusados entre los que se encuentran dos representantes de la empresa Surcolor, un representante del sindicato CCOO, un 'intruso', dos extrabajadores de la mediadora Vitalia, un 'testaferro' o un abogado.
En cuanto a los condenados, la Audiencia tiene en cuenta “la gravedad de los hechos, dadas las circunstancias que confluyen en los mismos y la desvirtuación absoluta del sistema de concesión de ayudas que supone reemplazar al beneficiario, incluir a quien nada tiene que ver y sobrevalorar el coste para propósitos que no son objeto de este juicio, pero de los que no se vislumbra relación alguna con un fin público”.
También destaca “el daño causado con el hecho, que excede del específico de las concretas acciones delictivas, pues implican un deterioro profundo de la confianza pública en la probidad de las instituciones y en la misma realidad del Estado de Derecho”, y que las cantidades defraudadas “son, individualmente consideradas, importantes y exceden lo que en algunos tipos del Código se considera notoria o relevante importancia”.
En concepto de responsabilidad civil, los condenados tendrán que indemnizar conjunta y solidariamente a la Junta con cantidades que alcanzan los 984.921,23 euros, que se corresponde con la cantidad malversada, y la Federación de Industrias Textil-Piel, Químicas y Afines de CCOO (Fiteqa-CCOO) tendrá que indemnizar a la Administración autonómica en calidad de responsable civil subsidiaria de las cantidades declaradas respecto del representante sindical condenado.
