Las universidades andaluzas pedirán ayuda al Gobierno para devolver el dinero a los investigadores de las becas María Zambrano y Margarita Salas
Una sentencia del Supremo determina que los centros están obligados a reintegrar los importes de las ayudas que han usado indebidamente para pagar la cuota patronal de la seguridad social
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Fachada del edificio del Tribunal Supremo.(CADENA SER)
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Sevilla
El Tribunal Supremo ha dado la razón a los investigadores que recibieron ayudas María Zambrano y Margarita Salas y que vieron como las diferentes universidades españolas les descontaban la cuota patronal del sueldo. El Supremo les da la razón y obliga a las universidades a devolverles ese dinero que puede ser unos mil euros por trabajador y mes. Lo que supone mucho dinero para las arcas universitarias y dinero, además, no presupuestado.
El presidente de la asociación de universidades públicas andaluzas, el rector Francisco Oliva, cree que la solución debe pasar por el ministerio de Educación, porque el gobierno ayude económicamente a las universidades a cumplir la sentencia.
![Francisco Oliva: "La solución debe pasar por el porque el gobierno ayude económicamente a las universidades a cumplir la sentencia"](https://cadenaser.com/resizer/v2/https%3A%2F%2Fsdmedia.playser.cadenaser.com%2Fplayser%2Fimage%2F202410%2F14%2F1728899659629_1728899810_asset_still.png?auth=74975c136279ec9d79abf795f4cee6db14b46b3070eeebb9516b796292d4f1d6&quality=70&width=655&height=368&smart=true)
Francisco Oliva: "La solución debe pasar por el porque el gobierno ayude económicamente a las universidades a cumplir la sentencia"
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Con estas ayudas unos 700 investigadores volvieron a España dentro de ese programa, sufragado con fondos europeos, del Ministerio de Universidades para atraer el talento internacional. Y lo que ocurrió fue que la mayoría de las universidades decidieron descontarles todas las cuotas patronales de lo que iba a ser su sueldo neto, lo que redujo el salario de estas personas considerable. Y por eso decidieron acudir a los Tribunales.
Se fijaban 4.000 euros brutos mensuales por investigador y se dio libertad para que cada centro establecieran la relación laboral con los investigadores. Recibieron al mes unos 2.200 euros netos, un 32% menos que el promedio. Ahora toca buscar una solución para cumplir una sentencia judicial que ya es firme.