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La Fiscalía de Córdoba lamenta un leve repunte de casos de abuso sexual y advierte de "dificultad" para investigar delitos económicos

El Ministerio Público alerta en su memoria anual del incremento de construcciones ilegales en la provincia

Sede de la Ciudad de la Justicia en Córdoba / Cadena SER

Sede de la Ciudad de la Justicia en Córdoba

Córdoba

La Fiscalía Superior de Andalucía ha presentado su memoria anual del año 2024, cuyos datos se refieren al ejercicio anterior y recogen las actuaciones y consideraciones de todas las fiscalías provinciales y de Ceuta y Melilla. En lo referente a Córdoba, durante el año 2023 se incoaron por parte de la Fiscalía más de 26.000 diligencias previas y un total de 280 diligencias de investigación, 33 menos que en el año anterior.

En el documento, consultado por Radio Córdoba - Cadena SER, se expone un panorama mixto respecto a la actividad delictiva en la provincia. Pese a que se ha registrado una leve disminución en delitos de homicidio y delitos cometidos por medios informáticos que llegan hasta los juzgados, se han incrementado "ligeramente" las situaciones de abuso y explotación sexual. Todo ello pese a que la Fiscalía reconoce que "no hay cambios significativos respecto a años anteriores" en los datos generales de criminalidad.

En los juzgados de lo penal se celebraron 1.560 juicios, un 22 % menos que en el 2022, aunque los juicios celebrados ante la Audiencia Provincial ascienden hasta los 123, frente a los 115 que tuvieron lugar el año anterior. Eso sí, la memoria destaca que ha "aumentado el número de sentencias condenatorias que están de acuerdo con el criterio del fiscal". Desde el Ministerio Público se incoaron

La Fiscalía de Córdoba se ha concentrado también en procedimientos por delitos de "administración desleal, corrupción, organización criminal, prevaricación, falsedad, tráfico de influencias y fraude a la Seguridad Social", reza el documento. Pero considera especialmente "dificultosos" los delitos económicos "porque en muchas ocasiones el fiscal no conoce la naturaleza del delito hasta que recibe el expediente completo en formato físico".

En 2023 se abrieron 19 diligencias de investigación en esta materia. Y la memoria destaca los tres procedimientos incoados a lo largo del año 2019 que dieron lugar a las denuncias interpuestas contra los directivos del Córdoba Club de Fútbol SAD por delitos de administración desleal, societario, apropiación indebida, falsedad mercantil y blanqueo de capitales. Así, detalla que "dos de ellos se encuentran pendientes de juicio ante la Audiencia Provincial, mientras que el tercer caso está pendiente de resolver el recurso interpuesto por el fiscal contra el auto de sobreseimiento.

También se reseñan otros procedimientos seguidos en la provincia en el marco del Consorcio de Transportes de Servicios Sanitarios de Córdoba; por organización criminal, resultante de la investigación de un delito contra la salud pública. Y se señala la investigación por delitos de prevaricación, falsedad documental y tráfico de influencias del Caso Infraestructuras en el Ayuntamiento de Córdoba. Además, el Ministerio Público ha investigado a 150 personas acusadas de fraude a la Seguridad Social por haber, presuntamente, realizado altas ficticias para obtener prestaciones por desempleo.

Y existe otro gran caso de falsas altas a la Seguridad Social con contratos de trabajo ficticios y constitución de cooperativas fraudulentas. Concretamente, 470 investigados y una defraudación aproximada de dos millones de euros.

En materia de Seguridad Vial, en 2023 se incoaron 1.508 diligencias, de las cuales tres fueron por homicidio imprudente, 845 por conducción bajo los efectos del alcohol o estupefacientes y 406 por conducir sin carnet.

En la Fiscalía de Córdoba, la mayor parte de investigaciones por delitos medioambientales se concentraron en la contaminación de ríos por aguas residuales y vertidos de las cooperativas olivareras. Y en la memoria se habla de "aumento exponencial" de construcción parcelaciones ilegales y de implantación de casas prefabricadas, ambas acciones constitutivas de delito contra la Ordenación del Territorio. En la mayoría de casos, los juzgados de lo Penal vienen condenando estas conductas, pero aceptando como regla general la demolición como pena, sin más consecuencias para los infractores.

Álvaro Guerrero Jiménez

Álvaro Guerrero Jiménez

Redactor y editor en los servicios informativos de la Cadena SER en Córdoba. Previamente ha trabajado...

 
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