Nueve personas absueltas de un delito de estafa en la compraventa de terrenos en Rute

Córdoba

Aceptaron que su casa en Rute (Córdoba) fuera derruida para que una empresa levantara sobre ese solar un bloque de doce viviendas. A cambio, recibirían uno de los pisos, un local comercial y una plaza de aparcamiento. Es el trato que alcanzaron en el año 2008 un matrimonio y una empresa del sector de la construcción, pactando un precio de 284.159 euros por el intercambio. Sin embargo, las obras del bloque de pisos nunca se terminaron por falta de financiación, así que la pareja interpuso una querella por un delito de presunta estafa contra nueve personas implicadas en la operación que formaban parte de la sociedad promotora.

Han sido doce años de espera para los encausados, que ahora han recibido una sentencia absolutoria de la sección tercera de lo Penal de la Audiencia Provincial de Córdoba, que avanzó Diario Córdoba y a la que ha tenido acceso La SER. Se enfrentaban a penas de hasta tres años de prisión, según exigía el Ministerio Fiscal. Una petición que la acusación particular elevaba hasta a los 6 años de cárcel para algunos de los procesados por un presunto delito agravado de estafa. En el plazo de tiempo que los tribunales han requerido para resolver el asunto, los querellantes han fallecido, continuando con la acusación algunos de sus hijos.

El fallo judicial se fundamenta en que "no hubo intención de engaño", ya que considera que la negociación entre las partes fue transparente. Según la resolución y en contra de lo mantenido por las acusaciones, el matrimonio tuvo conocimiento en todo momento de que la propiedad del piso, el local y el parking prometidos estaban gravados con una hipoteca que no se levantaría hasta la finalización de las obras. Y así había quedado reflejado documentalmente, incluso ante notario. Incluso reconocen los magistrados sentenciadores de la causa el "esfuerzo por acabar la construcción" que hicieron los acusados, llegando incluso personalmente, al margen de la sociedad promotora, a buscar la financiación que faltaba para acabar las intervenciones en zonas comunes del bloque de pisos. Un esfuerzo, aseguran, "incompatible con una finalidad defraudatoria". Y es que las obras se paralizaron cuando se encontraban al 95 % de ejecución.

El nudo gordiano de la sentencia se fundamenta en dos cuestiones. La primera, el conocimiento por parte del matrimonio, y sus familiares y allegados que les asesoraron, de la existencia de la hipoteca que no se levantaría hasta que se terminase la construcción; y en segundo término, la propia definición del delito de estafa, en el que se requiere que la persona estafada actúe bajo "una falsa presuposición o partiendo de un motivo viciado porque el estafador ofrezca información deformada o inexacta".

De ahí que la Audiencia Provincial haya absuelto a las nueve personas acusadas, al tiempo que ha resuelto que las costas del procedimiento sean declaradas de oficio. Y es que las Defensas habían exigido que tuvieran que hacer frente a las mismas la acusación particular, pero no aprecia el juzgado "temeridad" ni "mala fe" en la denuncia inicial.

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El abogado de varios de los encausados, Doroteo Jurado, ha lamentado la "pena de banquillo que han tenido que soportar los acusados durante doce años", poniendo el acento además en que "residen en un municipio pequeño de la provincia, por lo que se han visto afectados por las habladurías que han ido promulgando los querellantes, que incluso han sentado en el banquillo a personas muy mayores que nada tuvieron que ver con el asunto".