Córdoba

Según los últimos datos disponibles en la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, en la provincia de Córdoba hay 3.024 viviendas de uso turístico inscritas, de las que 2.797 están registradas en la capital. Sin embargo, un 67 % de las mismas se encuentran en estado de 'clandestinidad' para la Policía Nacional. "En la mayoría de ocasiones es por desconocimiento, no por tener interés en operar de forma ilícita", explican fuentes del Cuerpo, "pero muchos propietarios creen que con darse de alta en la administración autonómica han completado sus obligaciones y esto no es correcto".

Por Ley, los alojamientos turísticos deben obtener, además de la licencia expedida por las comunidades autónomas, un código de hospedería que es único e intransferible y que facilita la Policía Nacional. A partir de ahí, por cada viajero que ingresa debe cumplimentarse un parte de entrada de viajero, que el propietario tiene que conservar durante un periodo mínimo de tres años desde que se produce la estancia.

Con este fin, el Ministerio del Interior diseñó una plataforma digital —que pronto migrará a SES Hospedajes—, a fin de que los gestores de Viviendas de Uso Turístico, hoteles y hostales puedan comunicar los datos de los huéspedes. "Una vez se habitúan al uso de la plataforma, no tardan más de cuarenta segundos en volcar la información", cometan fuentes policiales, "pero todavía cuesta que los propietarios de apartamentos cumplan este requisito".

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Hay un equipo especializado de agentes que se encarga del control de estas viviendas. En declaraciones a La SER, un responsable del mismo detalla que "a primera hora hacemos un repaso de todos los viajeros comunicados, aplicando unos criterios que ya tenemos establecidos y con la ayuda de herramientas digitales". A partir de ahí, empieza una labor de prevención y de actuación: "por un lado damos de alta nuevas viviendas para que cuenten con su código de hospedería y por otro realizamos inspecciones".

Fruto de las mismas, que pueden alcanzar las 14 semanales, se consigue identificar las viviendas clandestinas o poner en seguimiento a aquellas que no están actuando correctamente. Se realiza primero un trabajo de concienciación de los propietarios, concreta el jefe de equipo, "porque muchos no son conscientes de que lo están haciendo mal", pero también de investigación, "para prevenir que se produzcan actividades ilícitas o que la ocultación de datos de viajeros sea intencionada o reincidente", apunta el agente.

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Ante la detección de irregularidades, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado transmiten las propuestas de sanción a la Subdelegación del Gobierno, que determinará la sanción correspondiente. Y no es baladí: ante infracciones graves como no contar con código de hospedería, no entregar los partes de entrada de viajeros o hacerlo con demora excesiva, los propietarios pueden enfrentarse a multas de entre 601 y 30.000 euros, según la gravedad de los hechos.

En Córdoba capital se propone para sanción a unos 70 propietarios, de media, cada año.

—  Datos de la Policía Nacional

En Córdoba capital, algo más de 1.900 viviendas de uso turístico están dadas de alta en la plataforma web, unas 900 menos de las que constan en el registro de la Junta de Andalucía. Pero incluso algunas de las que cumplen este requisito no operan correctamente, lo cual supone un trabajo añadido para este grupo especializado de la Policía. Según los responsables de esta brigada, los propietarios "tienen la obligación de identificar a la persona que se aloja y confirmar que se corresponde con la que ha realizado la reserva, así como a exigirle la firma del parte de entrada viajero y a comunicar los datos a través de la plataforma digital de forma inmediata".

Y esto abre dos nuevos retos: la realización de los chek in y el tratamiento de datos personales. "¿Es ilegal tener un cajetín con las llaves en la puerta", se pregunta recíprocamente el agente para contestarse con un rotundo "no", "pero sí que supone una infracción no verificar la identidad de los huéspedes", puntualiza. Al mismo tiempo, lanza una advertencia a los usuarios respecto a facilitar un Documento Nacional de Identidad escaneado o fotografiado, algo que no recomienda.

Nuestra recomendación a los usuarios es que no faciliten nunca una fotografía de su DNI

—  Policía Nacional

Al respecto, la Policía Nacional recuerda a los usuarios que "su obligación es identificarse, no aportar una fotografía del DNI". Por ello, si el propietario de la vivienda requiere una fotografía del documento, los agentes recomiendan "aportar nuestros datos, incluyendo el número de nuestro carnet de identidad y, a la llegada al destino, exhibirlo para que el dueño del apartamento pueda, efectivamente, comprobar que la información coincide".

Y es que los riesgos que de por sí implica facilitar el DNI a terceros, se añade que algunos propietarios almacenan esos DNI escaneados en sus equipos informáticos personales, de tal forma que ante una brecha de seguridad digital pueda haber ciberdelincuentes que accedan a una información de tanto valor, por ejemplo, para consumar estafas.

MÁS ALOJAMIENTOS, PERO POCO A POCO MÁS CUMPLIDORES

El número de alojamientos que realizan los procesos correctamente va mejorando, pero el boom de las viviendas turísticas sobrepasa al sistema. De hecho, hay 'lista de espera' de varios días en la comisaría de Córdoba para conceder el código de hospedería. El agente expone que "hace dos años tramitábamos el alta de entre dos y cuatro viviendas a la semana, mientras que actualmente se dan de alta unos veinte apartamentos cada siete días".

A esto se suma que su equipo también está pendiente de incidencias ocurridas en este tipo de alojamientos, aunque en la parte operativa intervengan otros equipos de la Policía Nacional como la UPR o incluso de otras organizaciones como la Policía Local. "Cuando el comportamiento de los inquilinos genera molestias o incluso se pueda producir un hecho delictivo en el interior de la vivienda, es fundamental que nosotros conozcamos quién se está alojando en el interior, una responsabilidad que depende del propietario", recuerda el responsable del grupo.

La limitación al número de nuevas licencias para Vivienda de Uso Turístico, que de forma reciente ha pasado a ser competencia municipal, está todavía en fase de valoración por parte de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Córdoba. Por el momento, el consistorio ha encargado un estudio de las zonas "especialmente tensionadas" por la actividad turística, a fin de contar con "datos fiables que nos ayuden a tomar decisiones", según ha detallado el portavoz del gobierno local, Miguel Ángel Torrico. Mientras, capitales de provincia andaluzas como Sevilla o Málaga ya estudian restricciones específicas al respecto en algunos barrios.

Las nuevas formas de turismo se han convertido en un negocio muy rentable para algunos propietarios de vivienda, pero también para empresas especializadas en la gestión de las mismas. Acerca de esto, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado instan a los dueños de pisos turísticos a "leer bien el contrato y confirmar quién es responsable de transmitir los datos de los viajeros a las autoridades, porque hay empresas de gestión de pisos que se exoneran de esa obligación".

Y entra un tercer componente en juego, como es el de las plataformas de gestión de reservas. Son para los agentes una "perfecta fuente de información abierta", pero admiten que "cuando se necesita profundizar un poco más y hemos pedido su colaboración para investigar infracciones administrativas, no hemos encontrado respuesta por su parte". Los principales operadores de este sector tienen, además, su sede social fuera de España.