Anticorrupción sigue pidiendo siete años de cárcel contra la ex cúpula de UGT Andalucía
Eleva a definitiva sus conclusiones y solo retira las acusaciones para el dueño de Viajes Macarena, proveedor del sindicato
Fernando Soto, fiscal Anticorrupción
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Sevilla
Anticorrupción, tras cuatro meses de juicio, de interrogatorios, de informes, mantiene su tesis y sigue pidiendo siete años de cárcel para la antigua cúpula de UGT Andalucía, para Francisco Fernández, ex secretario general, para el que era tesorero Federico Fresneda, para Charpín o para Goicoechea. También sigue reclamando que indemnicen de forma conjunta y solidaria a la Junta con el dinero supuestamente defraudado que recibieron para la formación, más de 40 millones 700 mil euros.
El fiscal solo ha retirado la acusación para uno de los quince acusados, para el dueño de viajes Macarena y proveedor del sindicato. En el banquillo quedan 14 personas. Las defensas, por su parte, han solicitado al Tribunal que se apliquen las atenuantes de dilaciones indebidas en la tramitación del procedimiento y de reparación del daño, por el convenio que firmaron con la Junta para ir devolviendo el dinero.
El juicio comenzó el pasado 29 de enero, más de una década después de que la jueza Alaya ordenara el registro de la sede del sindicato.
Anticorrupción, en su informe ante el Tribunal, ha vuelto a explicar con ejemplos cómo el sindicato se quedaba supuestamente con los descuentos que le aplicaban los proveedores, en lugar de declararlo ante la Junta. También ha detallado cómo ha quedado constancia de las facturas falsas que exigían a estos proveedores. "Llegaron a montar tal complicación que ni ellos se enteraban "ni eran capaces de contralar la situación usando el programa Excel, ha manifestado Fernando Soto. Así que crearon otro, también subvencionado por la Junta, el sofware Spyro, que está en la causa y donde, según el Ministerio Público quedó reflejado todo ese "sistema defraudatorio".
En su exposición, Soto ha sostenido que el sindicato usó de modo "genérico" su "mecanismo de facturas falsas" hasta convertirlo en una herramienta "transversal" aplicada no sólo a las ayudas autonómicas para la formación de desempleados, sino además para otros fondos.
El juicio está previsto que quede visto para sentencia el jueves de la próxima semana.
