Por Andalucía pide endurecerer la Ley de Altos Cargos para impedir las puertas giratorias

Sevilla

Como les ha adelantado la Cadena SER, Por Andalucía ha anunciado que va a registrar una modificación de la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos con el objetivo de proteger el interés general cuando la ley se incumpla. De un lado, recuperando la redacción del artículo 9 de la norma, que fue modificada vía decreto por el gobierno de Moreno Bonilla. Antes una empresa que aspiraba a ser adjudicataria debía certificar desde su órgano de dirección o administración que no contaba con ninguna persona que pudiera estar incumpliendo la ley de incompatibilidades. Tras la modificación del PP ya solo se requiere una declaración responsable de alguien que represente a la empresa en el proceso.

Por otra parte, la ley no establece sanción para la empresa que acoge a un alto cargo que haya infringido la ley y/o que le haya dispensado un trato de favor, como ha sido el caso de ASISA por parte de Miguel Ángel Guzmán. Por ello, Por Andalucía propone que la constatación de estas prácticas corruptas sea motivo de la rescisión del contrato que la Junta de Andalucía tenga con la empresa beneficiaria.

En palabras de Inma Nieto, portavoz de Por Andalucía, “la redacción actual permite a las empresas corruptoras seguir disfrutando del contrato público conseguido y, por tanto, sacando provecho como si nada. No es de recibo”

El nombramiento de Miguel Ángel Guzmán como director médico de la empresa ASISA, apenas tres meses después de su renuncia a la viceconsejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, “ha puesto en evidencia la indolencia del Partido Popular ante una práctica corrupta, toda vez que Guzmán adjudicó a dedo contratos millonarios a la empresa desoyendo los reparos de Intervención. El silencio cómplice de Moreno Bonilla es atronador”.

En cumplimiento de la ley andaluza de incompatibilidades, el ex alto cargo debió plantear su intención de incorporarse a una empresa del mismo sector para recibir la pertinente autorización, algo que no hizo ni la Junta le ha requerido. “El gobierno del PP habla ahora de estudiar el asunto, pero lo cierto es que no ha cumplido con su obligación, y tendrán que explicar las razones”.

Por Andalucía añade que tampoco consta la declaración de Guzmán de Actividades, Bienes, Intereses y Retribuciones de Altos cargos en el Registro público, a pesar de que la ley también obliga a ello en un plazo no superior a dos meses desde que se produce la renuncia o el cese.

Todos estos extremos se encuentran recogidos en la denuncia presentada por el Grupo Parlamentario de Por Andalucía ante la Oficina Antifraude, competente para dilucidar la legalidad de la polémica contratación.