Solo el 12 % de las empresas obligadas a tener canal de denuncias interno lo han registrado en la Oficina Antifraude de Andalucía

Córdoba

Con la aprobación a nivel estatal de la Ley de protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, que está en vigor desde el pasado 13 de marzo, se impuso la obligatoriedad de que todas las empresas de más de 50 empleados contasen con un canal de denuncias interno. Mismo imperativo marca la legislación para administraciones públicas, universidades o incluso empresas pequeñas de actividades muy concretas.

Ese canal tiene por finalidad que cualquier trabajador tenga la capacidad de exponer hechos que considere irregulares o sospechosos que se estén produciendo en el seno de su organización. Así, en el texto jurídico se expone que el canal de denuncias debe ser anonimizado y se marcan los plazos que tiene la empresa o institución para realizar las investigaciones oportunas. Se establece, igualmente, que el denunciante debe tener la capacidad de hacer seguimiento de su denuncia.

La puesta en marcha de la medida se ha hecho en dos tramos: para las grandes compañías y ayuntamientos de municipios con más de 10.000 habitantes se fijó el 13 de junio de 2023 como fecha límite para ponerlo en marcha, mientras que las pymes y consistorios más modestos han contado con un plazo extendido hasta el día 1 de diciembre del 2023.

Sin embargo, existe un desconocimiento generalizado sobre esta obligación. Según ha podido saber Radio Córdoba - Cadena SER de fuentes de la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción, adscrita al Parlamento autonómico, se estima que son 5.000 el número de entidades privadas que están obligadas a implementar un canal de denuncias en toda la región. Sin embargo, a día de hoy solo se ha comunicado la puesta en marcha de 644. Es decir, que apenas un 12,8 % de las organizaciones han cumplimentado el trámite obligatorio por Ley de contar con ese portal digital y dar cuenta de ello a la entidad de derecho público que corresponde en la comunidad autónoma.

Por el momento, no hay consecuencias. El Gobierno central debe concretar la creación de una Autoridad Independiente de Protección al Informante, contemplada en la Ley para perseguir incumplimientos, pero se desconoce aún si será un ente centralizado o dispersado por el territorio. Por el momento, la Oficina Andaluza Antifraude sí que tiene capacidad sancionadora cuando no se atiendan sus peticiones de información —es decir, por falta de transparencia— o cuando se confirmen irregularidades tras un proceso de investigación.

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Diana Gurau, responsable de compliance de Grupo Logalty, firma de tecnologías de identificación digital, ha lamentado las "cifras tan bajas que hay registradas hasta la fecha", pero no las atribuye a falta de voluntad sino a que "las empresas no son conscientes de que tienen que dar este paso". Al respecto, pronostica que "cuando empiecen las sanciones, habrá colas en las asesorías y gestorías para implementar los portales de denuncia, pese a que ha habido plazo suficiente". De hecho, en los últimos tres meses el número de canales de denuncias registrados ha aumentado considerablemente, pues a finales de 2023 apenas se habían contabilizado doscientos en toda Andalucía.

La especialista en buen gobierno recuerda, además, "que si se detecta una denuncia que no haya sido tramitada de forma anónima o de acuerdo a los parámetros que establece la Ley, las sanciones pueden ascender a un millón de euros e inhabilitar para la obtención de subvenciones, si el caso es grave". Por otra parte, la sanción podría llegar por hechos ocurridos en el presente —pese a no estar constituida la Autoridad Independiente—, ya que las infracciones muy graves tienen un plazo de prescripción de tres años; y las leves de seis meses.

El Ejecutivo persigue prevenir el fraude, la corrupción y los conflictos de intereses; pero sobre todo evitar que se 'mate al mensajero'. Es decir, proteger a la persona que informa de la irregularidad. De ahí que la confidencialidad sea crucial, así como la vigilancia de que no se adoptan medidas coercitivas ni se toman represalias contra quien denuncia, una vez se inicie una investigación. La Oficina Andaluza Contra el Fraude, dotada con un presupuesto de casi 1,8 millones de euros, registró a lo largo del año 2023 un total de 501 denuncias. En un 14 % de los casos, el informante solicitó algún tipo de medida de protección.

LOS SINDICATOS RECLAMAN SU ACTIVACIÓN INMEDIATA EN EL AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

Hasta la fecha, según fuentes consultadas por La SER en el Ayuntamiento de Córdoba, la gestión de estas denuncias en el ámbito municipal se ha dejado en manos de la Oficina Andaluza Contra el Fraude. No se ha creado una plataforma propia y común. El ente independiente a nivel autonómico garantiza el derecho a comunicar una presunta irregularidad, aunque hay delegaciones del consistorio que ya trabajan en su propio canal.

En el seno de la delegación de Infraestructuras se baraja una externalización del servicio, a través de alguna empresa que facilite la plataforma digital para activarlo. Así lo ha hecho Cecosam que tiene su canal de denuncias con el software 'Centinela', que gestiona la consultora Lefebvre.

Sin embargo, para la Coordinadora de Trabajadores de Andalucía (CTA) no es suficiente. Manuel González, portavoz del sindicato en el consistorio cordobés, ha lamentado que "pese a que venimos insistiendo en la necesidad de implementar el canal de denuncias con todas las áreas del Ayuntamiento, por el momento estamos obteniendo pocas respuestas". "Es fundamental", dice González, quien asevera que "cuando los casos de fraude y corrupción se dan en las administraciones públicas, tienen el agravante de que los fondos son de todos".

Misma exigencia ha trasladado el portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado, quien ha exigido en sendos consejos de administración la necesidad de implantar esa herramienta, incidiendo en que podrían tener que asumirse sanciones por no tenerla desplegada.