Anticorrupción: "UGT institucionalizó el fraude"

Sevilla

Este lunes ha comenzado en la Audiencia de Sevilla el juicio a los antiguos responsables de UGT-A para los que la Fiscalía Anticorrupción solicita siete años de prisión. En el banquillo se sientan el ex secretario general del sindicato andaluz, Francisco Fernández o el que fue su tesorero, Federico Fresneda. En total 15 personas, entre ellos diez empresarios. Están acusados por los supuestos delitos continuados de fraude de subvenciones y falsedad en documento mercantil. El juicio ha empezado una década después del registro de la sede del sindicato en Sevilla. La vista se ha iniciado con las llamadas cuestiones previas de las partes.

La Fiscalía Anticorrupción, en este primer día, ha manifestado que "UGT institucionalizó el fraude y lo pactó con sus proveedores" con "el rapel, el bote y la defraudación de los alquileres" de las aulas que usaba para sus cursos de formación. Supuestamente usaron 40,7 millones de fondos destinados a "los desempleados" para "financiar su actividad sindical, pagar la caseta de feria, sobresueldos, pancartas y carteles", ha dicho el fiscal Fernando Soto. Mientras las defensas han pedido la nulidad de las actuaciones por la vulneración de derechos fundamentales de los acusados.

Las letrados defensores han repetido que se debe declarar nulo todo lo investigado ya que la jueza Mercedes Alaya y la Guardia Civil han vulnerado derechos fundamentales de sus clientes. Entre ellos, han insistido, el derecho a la defensa porque Alaya hizo una causa general, "un proceso inquisitorial ilimitado". También consideran que han violado el derecho a la presunción de inocencia debido a que sostienen que toda la investigación deriva de una prueba ilícita; a saber, el robo de documentación de uno de sus trabajadores que fue condenado por ello. Sin embargo, la Fiscalía les ha recordado que antes de ese momento el juzgado y la Guardia Civil ya disponía de toda la información sobre el modo de actuar de UGT gracias a una copia del disco duro de los ordenadores. Una copia entregada en el juzgado de guardia de Sevilla por la notaria que fue testigo de la misma.

Otro motivo para declarar la nulidad del proceso sería la infracción del secreto de las comunicaciones. Consideran que no existía "motivación suficiente" para pinchar los teléfonos y menos para transcribir conversaciones que "sonrojan", como una entre Carmen Castilla, que dirigía el sindicato, en la que hablaba en términos despectivos de la entonces presidenta andaluza Susana Díaz.

El sindicato UGT, que se enfrenta a una condena por responsabilidad civil de 40,7 millones por este supuesto fraude, ha solicitado a la Junta que retire esa acusación. El letrado José María Calero ha hecho público un acuerdo entre el Gobierno andaluz y UGT Andalucía para devolver de manera escalonado el dinero, que ya se está entregando. De ahí que Calero haya pedido la declaración como testigo del presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno. Asunto que resolverá el Tribunal.

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Según Anticorrupción, UGT cometió fraude al no descontar ante la administración los descuentos que le hacían al sindicato sus proveedores. Un sistema al que llamaban el rapel. O bien, conseguían dinero de la Junta porque supuestamente sus proveedores le hacían facturas falsas que no se correspondían con ningún servicio y que se imputaban a programas subvencionados por la Junta. Otra forma de financiación irregular, según la Fiscalía, era recibir subvenciones para el alquiler de las aulas donde impartían los cursos de formación, aunque esas aulas eran del sindicato, no las alquilaban.

Este martes están previstas las declaraciones de los guardias civiles que investigaron el caso. Los acusados serán interrogados en abril y el juicio terminará en junio.