El Ayuntamiento de Benalmádena espera el resultado de un informe jurídico para saber si tendría posibilidades de hacerse con la propiedad de Tívoli
El Ayuntamiento de Benalmádena espera el resultado de un informe jurídico para saber si tendría posibilidades de hacerse con la propiedad del parque de atracciones Tívoli que lleva tres años y medio cerrado
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Málaga
El Ayuntamiento de Benalmádena espera el resultado de un informe jurídico para saber si tendría posibilidades de hacerse con la propiedad del parque de atracciones Tívoli que lleva tres años y medio cerrado
Un informe encargado por la anterior corporación socialista en el consistorio al catedrático de derecho administrativo de la Universidad de Málaga, Diego Vera, para conocer las alternativas jurídicas que tendría el Ayuntamiento de Benalmádena para desbloquear la situación del parque de atracciones en manos del grupo inmobiliario Tremon que descarta su reapertura, con los terrenos blindados contra el urbanismo por el consistorio y con cerca de 80 trabajadores que llevan tres años sin cobrar y con sus despidos pendientes de la decisión de los tribunales.
Un informe jurídico que también esperan los trabajadores del parque de atracciones, cerca de 80, 27 de ellos fijos, para conocer su futuro.
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El próximo lunes el TSJA tiene previsto deliberar sobre el recurso presentado por los trabajadores contra su despido que dio por válido un juzgado de lo mercantil de Málaga en primavera del pasado año.
El pasado mes de junio el Parque de Atracciones Tívoli de Benalmádena cumplía 53 años de vía, aunque lleva tres años cerrado a cal y canto y sin la más mínima señal de que pueda reabrirse.
Los cerca de ochenta trabajadores, fijos y discontinuos, llevan alrededor de tres años sin cobrar, pero se siguen ocupando del mantenimiento mínimo de las instalaciones y vigilando para que no sean habituales los episodios de asalto al recinto.
Todo después de que la empresa Tremón adquiriera el parque tras comprárselo al empresario cordobés Rafael Gómez "Sandokán", que se deshizo del recinto en 2007 cuando estalló la operación "Malaya", pero que siguió explotando, acusando a la nueva propietaria de haber impagado el precio pactado, en 2020 la empresa CIPASA del empresario cordobés entró en concurso de acreedores. En octubre de 2021, el Tribunal Supremo resolvió que CIPASA debía entregar el espacio al grupo inmobiliario Tremón.
Los empleados de Tívoli llevan alrededor de tres años sin cobrar, la empresa les debe cerca de dos millones de euros y su situación laboral está siendo dilucidada por los tribunales sin que, de momento, hayan obtenido fallos en el sentido que buscaban, así el juzgado de lo mercantil de Málaga resolvía que los trabajadores habían sido despedidos por la anterior empresa y les negaba la posibilidad de que sus contratos fueran subrogados por la actual propietaria.
La decisión del juzgado de lo mercantil sostiene que no hay una sucesión de empresas entre CIPASA y el grupo Tremón, como mantienen los trabajadores, ya que CIPASA firmó un convenio en abril de 2007 para la venta de Tivoli World a las sociedades Atlantis Servicios Inmobiliarios y Parques Temáticos Tremón "pero CIPASA siguió explotando las instalaciones hasta enero de 2022, en que el Juzgado de lo Mercantil dictó el cese de la actividad, a instancias del administrador concursal, (pese a llevar cerrada desde septiembre de 2020) y siguió teniendo como empleados a los trabajadores del parque"; mientras que la empresa Parque TÍvoli Málaga, a la que el Grupo Tremón cedió todos los derechos del parque de atracciones "ha manifestado su intención de no continuar con la explotación de Tívoli World".
El juzgado acordaba la extinción del contrato de los trabajadores para los que estableció una indemnización de 20 días de salario por año trabajado, prorrateándose por meses los periodos inferiores a un año con un límite de 12 mensualidades, indemnización que deberá calcularse hasta la fecha de la presente resolución, de la que deberá hacerse cargo el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa).
Los trabajadores cuestionaron que un juzgado de lo mercantil fuera el competente para decidir sobre sus despidos, pero el tribunal Supremo ha dicho que sí, el caso sigue ahora abierto en la sala de lo social del TSJA de Málaga que el próximo lunes se reúne para decidir sobre esta cuestión.
Entretanto, ¿qué ocurre con los 65.000 metros cuadrados de Tívoli?, pues que el ayuntamiento de Benalmádena comenzó a blindar estos terrenos en 2021 para evitar la especulación inmobiliaria y que en abril de 2023 terminó de cerrar el círculo declarando que esos terrenos solo pueden ser destinados a parque de ocio, eso sí, se podrá compatibilizar con el uso hotelero y comercial, pero no inmobiliario, una decisión que salió adelante por unanimidad de todos los grupos políticos.
Hay más, en noviembre pasado se conoció que el Ayuntamiento de Benalmádena mantenía conversaciones con un inversor extranjero interesado en hacerse con la propiedad del parque de atracciones Tívoli para reabrir las instalaciones, aunque en el espacio de ocio puede estar contemplado pequeñas zonas comerciales de tiendas y restaurantes relacionados con Tívoli, e incluso un hotel.
