Una investigación señala el riesgo de explotación sexual y laboral de las temporeras marroquíes que se quedan en los asentamientos de Huelva

Huelva

Una investigación señala el riesgo de explotación sexual y laboral de las temporeras marroquíes que deciden no retornar a su país y se quedan en los asentamientos chabolistas de Huelva. El colectivo se encuentra desprotegido, con un alto riesgo de exclusión e indefensión por el contexto de "hostilidad y aislamiento social" según este trabajo, que recomienda revisar el actual proceso de contratación en origen que define como "discriminatorio" al buscar perfiles más vulnerables.

La problemática tiene su origen en el "proceso de contratación discriminatorio" realizado por las patronales agrarias. Se buscan perfiles que garanticen el retorno de las trabajadoras empleando criterios subjetivos y centrados en una clara discriminación de género: ser mujer, ser madre, ser esposa. Además se acude a zonas rurales donde el nivel educativo de las mujeres es más bajo. Una vez en España, la mayoría se encuentran completamente aisladas de las estructuras administrativas, centrando su actividad en el trabajo y la vida en las fincas agrícolas, alejadas de núcleos urbanos. Debido a ello, muchas de estas mujeres siguen desconociendo el idioma y sus derechos laborales pese a encadenar varias campañas en España.

Ana Fernández Quiroga, Doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Pablo de Olavide, es una de las autoras.

La situación se agrava entre las mujeres que deciden no retornar. Se convierten en trabajadoras irregulares y comienza la verdadera discriminación social. Suelen continuar asociadas a las fincas agrícolas pero viviendo ahora en los asentamientos. Un espacio que no cumple las condiciones mínimas de habitabilidad de acuerdo con los derechos humanos. No tienen acceso a agua potable, no cuentan con un sistema de eliminación de residuos, no tienen suministro eléctrico y existe un riesgo grave para sus vidas. Para las mujeres, además, se suman otros riesgos como la falta de seguridad y las posibilidades de sufrir abusos y agresiones sexuales. Por ello, muchas mujeres marroquíes deciden convivir en una relación de explotación sexual con un hombre marroquí a cambio de protección y seguridad.

Ante estas realidades, organismos internacionales como la ONU han visitado estos lugares para instar al Gobierno a intervenir y no continuar con esta situación. Existe un tejido asociativo extenso que trata de cubrir las necesidades básicas de las temporeras, tanto de las contratadas en origen como las que viven en los asentamientos. Es el caso de organizaciones como Cáritas, Jornaleras en Lucha, Accem o Mujeres en Zonas de Conflicto, o la más reciente incorporación del PRELSI, el Plan de Responsabilidad Ética, Laboral. Social e Igualdad puesto en marcha por Interfresa. Son medidas que ayudan, pero no lo suficiente.

El aislamiento social de estas mujeres, unido a sus dificultades de base, las convierte en vulnerables a la hora de ser captadas por redes de trata de seres humanos. Las entidades que intervienen sobre el terreno están detectando cada vez más casos, según este trabajo de investigación que ha estudiado sobre el terreno la casuística.

La investigación concluye que queda patente la necesidad de revisar por completo la normativa en torno al proceso de contratación en origen de mujeres marroquíes temporeras para trabajar en las campañas agrícolas de la provincia de Huelva. La idea es garantizar que se cumpla con los derechos humanos y laborales vigentes en España, dado que se insertan en un sistema de generación de ingresos y producción de impuestos del que se beneficia toda la sociedad de Huelva.

En primer lugar, los procedimientos de selección no deberían poder seguir manteniendo criterios discriminatorios como la selección del sexo femenino o la búsqueda de madres de menores de catorce años. Los criterios deberían ser objetivos, cumpliendo con la normativa laboral vigente.

Se debería igualmente mejorar la información que se proporciona a las mujeres migrantes en origen, para que se ajuste a su realidad social y a su nivel educativo y que puedan llegar al territorio con conocimiento de sus derechos y sus condiciones laborales. En segundo lugar, durante la estancia en el país dentro del acuerdo normativo de contratación en origen, sería muy importante una formación en intervención intercultural para las personas que tienen trato directo en el desempeño de su trabajo, así como la ampliación de los recursos públicos en las zonas donde se encuentran de la provincia, especialmente los hospitales. Al ser un trabajo que lleva ya 20 años desarrollándose, las entidades públicas deberían trabajar a favor de la integración de las mujeres marroquíes en la sociedad onubense y no permitir el aislamiento social.

Asimismo, las empresas contratantes deben incluir servicios que garanticen que las trabajadoras reciban la atención médica, social y educativa necesaria. Por último, se necesitan mayores recursos, la incorporación de entidades supranacionales, como la Organización Internacional de Migraciones, y una preparación específica en la problemática para dar la asistencia necesaria a las mujeres marroquíes que se quedan en terreno español y no retornan a su país de origen.

El estudio se llama ‘La trata en las mujeres temporeras y asentamientos en Huelva, España: nuevas vulnerabilidades, nuevos desafíos’. Ha sido publicado en el último número de la revista Espiga, que recoge el trabajo de investigacón realizado por la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica. Sus autoras son Ana Fernández Quiroga, Doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Pablo de Olavide; y Marta Molina Fernández, Máster en Agroecología de la Universidad Internacional de Andalucía.