Siempre ganan

Córdoba

Hace un siglo, Andalucía tenía la misma renta per capita que la media de España y sólo un 10% menos que Cataluña.

Por favorecer a la incipiente industria catalana y aliviar la violenta presión social que el anarquismo generaba en Cataluña, el ministro de Hacienda Cambó (de la Lliga Catalana) aprobó un arancel, el de 1922, que hizo de España uno de los países más proteccionistas de Europa. El resultado fue la segunda crisis exportadora andaluza. Andalucía, con una economía agraria de exportación perdió ritmo de crecimiento, distanciándose de tal forma de la renta per capita española, que, para el inicio de la Guerra Civil en 1936, ya sólo tenía el 60% de ésta y la mitad de la catalana. Hace un siglo, la política económica española se hizo para que Cataluña ganara. Andalucía, en silencio, perdió.

Después de la Guerra Civil, la política cuartelera del franquismo también volvió a favorecer a Cataluña. Esta vez no sólo con aranceles, sino con la sutil forma de los Coeficientes de Inversión Obligatoria del sistema bancario, a través de los cuales una parte importante del ahorro nacional, especialmente andaluz, se canalizó hacia la industria vasca y catalana. Y como crecían más, también se creaban más puestos de trabajo, de tal forma, que no sólo pusimos el dinero, sino también la mano de obra barata para que se enriquecieran, despoblándonos nosotros.

Hace sesenta años, con una dictadura opresiva, Cataluña volvió a ganar, y Andalucía, en silencio, a perder.

Con la democracia, Cataluña se autogobernó y, como eran autónomos, expandió el gasto público hasta tener más deuda que ninguna otra comunidad autónoma. Por ser catalanes, sus funcionarios cobran entre un 20 y un 30% más que los nuestros, gastan un 25% por puesto escolar y un 22% más por persona en sanidad. Y hoy Cataluña tiene un 60% más de renta per capita que nosotros. Con la autonomía, Cataluña volvió a ganar y nosotros a perder.

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Cataluña gana siempre, Andalucía siempre pierde. Ahora, con la investidura del señor Sánchez, es probable, no sólo que volvamos a perder dinero, es que vamos a perder la dignidad de ciudadanos iguales, pues ellos van a dictar qué es legal o no en el Código Penal y cómo leer la Constitución.