"El incumplimiento de sentencias relacionadas con el divorcio -pensión de alimentos o visitas a los hijos- provoca efectos devastadores en la familia"

Sevilla

Los días 5 y 6 de octubres se celebra en Sevilla un congreso monográfico sobre la ejecución de sentencias en Derecho de Familia, jornadas que están organizadas por la Asociación Española de Abogados de Familia (AEAFA) y el Ilustre Colegio de la Abogacía de Sevilla. Es la primera vez que en España se van a celebrar unas jornadas con esta temática porque, tal y como ha explicado en Hoy por Hoy Sevilla María Pérez Galván vicepresidenta de la AEAFA (Asociación española de abogados de familia), "el incumplimiento de sentencias relacionadas con el divorcio -pensión de alimentos o visitas a los hijos- provoca efectos devastadores en la familia".

Hay dos casos en Sevilla que pueden ejemplificar la situación que viven muchas personas:

Uno es el impago de la pensión de alimentos -pensiones alimenticias, cuotas hipotecarias...- como el de la madre que tardó cuatro años y medio en cobrar 64.000 euros correspondientes a la pensión alimenticia de dos hijas, mientras el padre deudor aparece fotografiado en un barco y con sus nuevas parejas en Ibiza y Mallorca. “Aunque a veces es la medida más eficaz, las mujeres no se atreven a poner una denuncia penal porque supondría que su expareja pudiera ingresar en prisión”, indica María Pérez Galván.

El otro caso se resume en impedir las visitas de uno de los progenitores: "Un padre ha tardado seis años en conseguir que le permitan ver a sus hijas. Hasta que el juez no ha apercibido a la progenitora de la pérdida de la custodia exclusiva, no se ha conseguido nada". “Los incumplimientos relacionados con el régimen de visitas son los más dolorosos porque la impotencia que se siente es abrumadora y el daño que se causa, enorme".

En contra de las previsiones, la consideración como delito del impago de las pensiones no ha detenido esta práctica: "Estamos hablando de que se conculcan derechos fundamentales de la persona y que impunemente se violan y siguen sin arbitrarse medidas que realmente eviten estos incumplimientos". "Es terrible, concluye, cuando viene un cliente y nos dice que no se puede relacionar con sus hijos".

Uno de los problemas más graves de la Justicia en España es el incumplimiento de sentencias. Un informe del Consejo General de Procuradores sitúa a España a la cola de Europa tanto en el plazo para ejecutar sentencias como en su eficacia. España corre el riesgo de convertir su Justicia en una mera “declaración de intenciones”, tal como ha advertido en varias ocasiones el Tribunal Constitucional, advierte la Asociación Española de Abogados de Familia.

Las ejecuciones de sentencias en el ámbito de Familia tardan en resolverse en Andalucía 32 meses (2 años y ocho meses), según los datos del Consejo General del Poder Judicial del año 2022, por lo que "de nada sirve disponer de una resolución judicial que no puede ejecutarse o lo hace con una demora que la convierte en totalmente estéril e inútil por no ser efectiva en los tiempos adecuados”, sigue diciendo.

Está prevista la asistencia de cerca de 400 abogados, jueces y fiscales.