La autorización concedida por la Junta a Fertiberia omite pronunciarse sobre la estabilidad de los apilamientos de fosfoyesos o el uso de la marisma como vertedero

Huelva

La Autorización Ambiental Integrada concedida por la Junta de Andalucía a Fertiberia para ejecutar la clausura de las balsas de fosfoyesos omite pronunciarse sobre aspectos como la estabilidad de los apilamientos -cuestionada por los expertos de la Onubense-, la vulneración del convenio Ramsar, o por cuestiones como el uso de la marisma como vertedero legal, cuando la empresa no tenía autorización para ello. Elude pronunciarse igualmente sobre la presencia de fallas en la ría de Huelva, algo detectado por expertos de la Onubense y que podría afectar al basamento de las balsas, o sobre como el peso de los propios apilamientos y la cobertura añadida en este proyecto podría provocar su colapso.

El escrito de la delegación territorial de Medio Ambiente, consultado por la SER, señala a la Dirección General de Costas como órgano sustantivo, al tratarse de un espacio situado en dominio público marítimo terrestre, y recuerda que este órgano ministerial ya declaró en 2016 el informe definitivo de idoneidad del proyecto. No entra, por tanto, a pronunciarse sobre cuestiones ajenas a su procedimiento. La modificación de la Autorización Ambiental Integrada concedida solo atañe al impacto ambiental que producirán los trabajos de clausura. Todo lo demás ha sido validado con anterioridad por la Declaración de Impacto Ambiental otorgada por el Ministerio de Transición Ecológica del Gobierno.

Con ese argumento la Junta ha respondido más de 100 alegaciones presentadas por diversos colectivos y a título particular. Una de ellas reclamaba la elaboración de un plan especial en materia urbanística ya que las balsas nunca han tenido consideración de vertedero. En este punto la Junta recuerda que el Ayuntamiento emitió un informe de compatibilidad urbanística en 2021. No obstante, el pasado 30 de enero los técnicos de Medio Ambiente volvieron a preguntar al consistorio por la idoneidad de ese plan especial y la respuesta emitida dos meses después, en marzo, concluía que el proyecto de clausura no necesitaba de instrumento urbanístico y que el Plan Especial referido sólo será necesario para la ordenación y gestión de los futuros usos y actividades definidos por el Plan General de Ordenación Urbana de Huelva.

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