Los sindicatos aseguran que los tribunales en Málaga están colapsados tras ocho semanas de huelga de los funcionarios
Los sindicatos aseguran que los tribunales en Málaga están colapsados tras ocho semanas de huelga de los funcionarios
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Málaga
Los sindicatos mantienen la huelga de los funcionarios de justicia y piden al Gobierno que llegue a un acuerdo antes de las elecciones generales del 23 de julio, de momento el Ejecutivo les ha citado para este martes desde que se rompieran las negociaciones el 24 de abril.
En Málaga afecta a 1.800 funcionarios. Esta será la octava semana de movilizaciones. Los paros parciales han dado paso a la huelga indefinida. De momento no han logrado ni tan siquiera sentarse a negociar con la ministra del ramo, Pilar LLop. La movilización ya ha provocado la suspensión de más de 3.500 juicios y se han dejado de tramitar más de doce mil demandas y un centenar de desahucios.
Mejoras salariales, en torno a los cuatrocientos euros mensuales, promoción interna y reconocimiento laboral entre sus propuestas.
Para las organizaciones convocantes no está reconocida en la actualidad la responsabilidad, profesionalidad y especialización de la totalidad del personal de la Administración de Justicia (cuerpos generales, especiales y médicos forenses) ni las funciones reales de los cuerpos generales. Asimismo, se desprecia la implicación, la participación y el papel determinante de la inmensa mayoría del personal de la Administración de Justicia en los nuevos modelos organizativos y tecnológicos.
Los sindicatos denuncian que el Ministerio de Justicia quiere imponer, sin negociar, la Ley de Eficiencia Organizativa que pone en riesgo los puestos de trabajo, los destinos, la movilidad voluntaria, las retribuciones especiales y las funciones concretas del personal de la Administración de Justicia por lo que exigen la paralización de la tramitación parlamentaria de la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa hasta que no se alcance un acuerdo para su modificación en la Mesa Sectorial de la Administración de Justicia.
Los sindicatos también exigen el reconocimiento profesional y retributivo de las funciones que realmente realizan todos los cuerpos funcionariales, eliminándose la acumulación en el cuerpo de LAJ de funciones que finalmente realizan y son delegadas a los cuerpos generales sin compensación.
Junto a ello las centrales sindicales piden el incremento del complemento general del puesto, que es el único concepto retributivo de aplicación para todos los cuerpos generales y especiales y para todos los ámbitos territoriales (transferidos y no transferidos).
De ese modo los sindicatos reclaman incrementos retributivos de 430 euros mensuales para médicos forenses y facultativos del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (personal funcionario del grupo A1, igual que los LAJ), 400 euros para Gestión y técnicos especialistas de laboratorio (grupo A2), 375 euros para Tramitación y ayudantes de laboratorio (grupo C1) y 350 euros mensuales para Auxilio Judicial (grupo C2).
Los sindicatos reclaman, por último, la eliminación de las diferencias retributivas derivadas de los grupos de población, elevándolas a las que se perciben en el grupo 1 (Madrid y Barcelona) y la publicación antes de que finalice esta legislatura y previa negociación colectiva del real decreto que establezca los criterios y cuantías mínimas del complemento de carrera profesional.
Según las centrales sindicales, el funcionamiento normal de los órganos judiciales "ha quedado ralentizado e incluso paralizado. Determinadas actuaciones como notificaciones via lexnet, entregas de mandamientos de dinero a falta de resolución realizada por el funcionario que lo acuerde, notificaciones de los Servicios Comunes que no se practican por no estar saliendo a la calle y señalamientos de nuevos lanzamientos que han dejado de hacerse por no ser tramitados por estos profesionales"
"Hemos dejado de registrar, incoar, tramitar y señalar la actuaciones normales en procedimientos de orden civil, penal, contencioso y laboral, llegando a frenar tanto el trámite del procedimiento por el tiempo de huelga transcurrido que suponemos que hará que el número de señalamientos suspendidos vaya en descenso al aumentar el número de procedimientos paralizados desde el principio"
