La Junta reitera la solicitud de autorización excepcional al Gobierno para proteger Los Alcornocales
La consejería trata de frenar la plaga con tratamientos terrestres y aéreos
Fernández-Pacheco con la carta enviada al ministerio / Junta
El consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández- Pacheco, ha solicitado de nuevo la autorización excepcional al Gobierno central para utilizar por medios aéreos el producto fitosanitario Diflubenzurón y así “combatir y resolver la grave emergencia ambiental y socioeconómica” provocada por la lymantria Dispar en el Parque Natural de Los Alcornocales, según ha dicho este miércoles durante la comisión parlamentaria.
Concretamente, el terreno en cuestión afecta a los términos municipales de las localidades de Alcalá de los Gazules, Los Barrios, Castellar de la Frontera, Jerez de la Frontera, Jimena de la Frontera y Medina Sidonia, y también a la localidad malagueña de Cortés de la Frontera.
Fernández-Pacheco ha recordado que ya el pasado 8 de marzo el director general de Política Forestal y Biodiversidad solicitó la autorización a la Dirección General de Sanidad de Producción Agraria, dependiente del ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
En la carta enviada al ministerio se precisaba que el citado producto se había empleado en la zona durante veinticinco años y que nunca se ha reportado un incidente negativo para la salud humana ni para el medio ambiente, y que además había servido “para proteger los alcornoques y encinas de una plaga tan dañina como la que provoca la lymantria dispar o lagarta peluda”.
En el mismo oficio se concretaban igualmente los métodos que está empleando la consejería, entre los que el consejero destacó la colocación de cajas anideras para mantener y disminuir la población y también fomentar la presencia de aves predadoras de la oruga; la colocación de 1.385 trampas de feromonas o el tratamiento terrestre de cañón pulverizado con materias activas o tratamiento aéreo con bacillus.
También se advertía de que en caso de no recibir esta autorización excepcional ocurriría “una importante defoliación de las especies afectadas y el lógico daño en el crecimiento y debilitamiento generalizado de la arboleda y la predisposición a nuevas plagas y enfermedades”. Y en este sentido se mostró contundente Fernández-Pacheco: “Todo esto afecta además al paisaje y provoca un grave impacto por la pérdida de la saca anual del corcho y la baja calidad de este”.
