Sevilla

La directora general de Medio ambiente de la Comisión Europea, Florika Fink-Hooijer, ha enviado una carta al gobierno español para que en el plazo máximo de un mes le expliquen y aclaren cómo se han cerciorado de que el plan de mejora del regadío en el entorno de Doñana, que ha vuelto a presentarse como proposición de ley en el Parlamento andaluz, no producirá efectos perjudiciales para los espacios protegidos del parque de forma duradera.

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La directora general europea de medio ambiente recuerda que en su anterior carta, del 31 de enero de 2022, ya transmitió a las autoridades españolas su "inquietud y estupefacción" por el riesgo que una propuesta similar planteaba para la ejecución de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que sigue sin cumplirse.

Florika Fink-Hooijer insiste en la importancia de medidas como el incremento de control e inspección que aseguren el cierre y sellado de todos los pozos ilegales que persisten en el entorno del parque e incluso plantea financiar, a través del mecanismo de Recuperación y Resiliciencia, proyectos para la digitalización y la medición de las abstracciones de agua en Doñana.

Aludiendo a la falta de precipitaciones y al cambio climático, la directora general europea de medio ambiente insta a ejecutar la sentencia del tribunal de Justicia de junio de 2021 para proteger los valores naturales de Doñana y advierte que la aprobación de la proposición de ley del Partido Popular del pasado 3 de marzo, "agravaría significativamente la situación de las masas de agua y de los espacios protegidos de Doñana". Además añade, que la sobreexplotación continuada del acuífero amenaza gravemente la propia viabilidad de la actividad económica de la comarca, en especial de los cultivos de regadío.

Ante esta nueva advertencia de Europa, la ministra para la transición ecológica Teresa Ribera, cree que causa bochorno y sonrojo que la amenaza para Doñana provenga precisamente de la administración que debe velar por su protección. Un gobierno negacionista según la ministra

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Teresa Ribera cree que causa bochorno y sonrojo que la amenaza para Doñana provenga precisamente de la administración que debe velar por su protección.

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Proposición no de ley en el Parlamento

El Grupo Parlamentario Popular registraba el pasado 3 de marzo en el Parlamento de Andalucía, una Proposición de Ley conjunta con Vox sobre la regulación de las zonas de regadío de cinco municipios situados al norte de la Corona Forestal de Doñana, que son Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado, todos ellos integrantes del denominado Condado de Huelva.

Ambos partidos vuelven a propiciar en su iniciativa, como ya hicieran en enero de 2022, en la pasada legislatura, que terrenos que eran de regadío antes del Plan de Ordenación de 2014 sean considerados como tales dentro de las zonas B y C, zonas de una menor protección ambiental y que en 2014 se describieron, respectivamente, como "los espacios agrícolas intersticiales de la zona A" y "los terrenos no incluidos en las zonas anteriores".

La precisión que ahora hacen es apuntar que "estos terrenos podrán obtener derechos de aguas, que procederán de aguas superficiales, salvo que la administración hidráulica de la Demarcación Hidrográfica donde se encuentren estos terrenos establezca un origen de recursos diferente".

Se invoca en el texto la previsión contenida en la Ley 10/2018 sobre la transferencia de 19,99 hectómetros cúbicos desde la Demarcación Hidrográfica de los ríos Tinto, Odiel y Piedras a la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir, que prevé ese trasvase para "garantizar el abastecimiento de los municipios del Condado de Huelva, mejorar la garantía del riego, la recuperación de los acuíferos de la zona y el equilibrio hídrico del entorno y especialmente del Parque de Nacional de Doñana"