Paralizan la parcelación ilegal de 125 viviendas en la zona de Los Garciagos

Jerez de la Frontera

La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda ha llevado a cabo una de las mayores actuaciones contra el urbanismo ilegal en Andalucía en tres parcelaciones en suelo rústico en el Paraje Garciago de Jerez de la Frontera, junto al circuito de velocidad jerezano.

A la operación, ha asistido personal de la Consejería de Desarrollo Rural con competencias en materia de aguas, vertidos y pozos ilegales, y personal de las compañías suministradoras (Endesa y Aquajerez) para cortar suministros ilegales. Todos ellos, acompañados de la Policía Autonómica, Guardia Civil y Policía local de Jerez de la Frontera.

En los últimos meses, se habían instalado en estos terrenos rústicos más de 80 edificaciones ilegales, en su mayor parte prefabricadas, hecho que provocó una incidencia directa en el sistema de asentamientos. Esta circunstancia ha motivado la intervención urgente de la Junta y la adopción de medidas cautelares de precinto para garantizar la suspensión inmediata de las obras y usos ilegales.

La reciente transformación territorial del paraje Garciago no es apreciable en las ortofotos ni en las imágenes satélites disponibles debido a la rápida actuación del parcelador. La zona, que estaba originalmente en estado seminatural con matorral y arbolado disperso, se ha transformado de manera integral mediante movimientos de tierra, nivelación y compactación del terreno, trazado de viarios y divisiones interiores de manera sucesiva y simultánea, en decenas de lotes con tamaños y formas similares que oscilan entre los 200 y 700 metros cuadrados de superficie.

La Guardia Civil detectó las primeras instalaciones de viviendas prefabricadas, caravanas, contenedores y piscinas en un dispositivo conjunto de vuelo del dron de la Inspección de la Junta de Andalucía y el Paprona realizado el pasado mes de noviembre, en el que se constató el alcance territorial del proceso parcelador con la existencia de nuevas obras de urbanización.

Sanciones

Los precintos practicados prohíben el acceso a las parcelas a sus propietarios y su rotura faculta a la Administración Autonómica a imponer sucesivas multas coercitivas de hasta 5.000 euros cada una por periodos de diez días, además del correspondiente traslado a Fiscalía por delito de desobediencia.

Con carácter previo a la práctica de precintos, el administrador de la sociedad y todos los propietarios conocidos por la Administración fueron citados a pie de parcela, donde han sido informados de la medida adoptada y de las consecuencias de su incumplimiento. Del mismo modo, con carácter previo al operativo se colocaron diligencias informativas en el lugar de los hechos.

Además del procedimiento de restablecimiento de la legalidad, la Junta de Andalucía ya ha iniciado procedimientos sancionadores contra los responsables identificados por más de 1,2 millones de euros.