El juez amplía la imputación de un funcionario y de la excoordinadora de Infraestructuras e investiga si los implicados siguieron directrices de Dorado
Dos nuevos empresarios tendrán que comparecer como investigados en el Caso Infraestructuras
Córdoba
El caso infraestructuras sigue aportando novedades.
El Juez Rodríguez Laínz ha ampliado las imputaciones que pesaban contra uno de los dos funcionarios y contra la excoordinadora del Área de Infraestructuras por su implicación en supuestos delitos de prevaricación administrativa y cohecho.
Paralelamente el juez incorpora como investigados en la causa a dos nuevos empresarios que habrían participado el supuesto fraccionamiento de contratos en el área de infraestructuras para evitar los controles públicos.
Se investigan en concreto labores de pintura, albañilería y fontanería en dependencias municipales, en la casa de la Juventud, en el Alcázar de los Reyes Cristianos; suministros de ropa, calzado y vestuario de seguridad.
El auto habla de sospecha de facturas falsas, de contratos fraccionados para eludir el control público. El juez se basa para ello en los testimonios de trabajadores municipales que sostienen que "las facturas no cuentan con control en el registro oficial, que las sociedades nunca han trabajado ni suministrado materiales dentro del área de ifnfraestructura, o que presentaron factura por labores que debería haber hecho empleados municipales".
Las facturas suman en total 30.000 euros, (15.000 por cada una de las empresas). Facturas fraccionadas con una "destacada cercanía al tope mínimo de dinero que exime a las empresas del procedimiento de control ordinario". Esto, dice el juez, solo se justificaría si se intentase "ocultar la adjudicación a una misma empresa o a otra que no presenta la oferta más económica del concurso".
Por ellas el juez incorpora en calidad de investigados a los dos responsables de las mismas y amplía las imputaciones a la ex coordinadora de infraestructuras, y a uno de los funcionarios municipales, por su presunta implicación con los mismos.
En el auto, Rodríguez Laínz, dice que los indicios apuntan no solo al evidente fraccionamiento de los dos contratos sino a la "connivencia entre todos para asegurar un suministro de material sin garantía de que hubiera concurrencia competitiva" para que otras empresas pudieran optar a ello.
Por eso el juez apunta que habrá que señalar fecha para la declaración de los dos nuevos empresarios investigados, y habrá que verificar, si el entonces responsable del Área de Infraestructuras, David Dorado, ordenó alguna directriz en estas contrataciones.
Esta nuevas imputaciones vienen como consecuencia de la denuncia de un particular que el 20 de enero fue amenazado por otro hombre en la Barriada del Higuerón, para forzarlo a no acudir a declarar ante la policía contra un tercero, uno de los empresarios investigados en la causa de infraestructuras.
María Eugenia Vílchez
Me mueven las causas justas. Me gusta contar historias y dar voz a personas que normalmente no la tienen...