Sevilla

Según ha explicado el gerente del SAS, Diego Vargas, en declaraciones a la Cadena SER, "el nuevo proyecto sobre orden de tarificación para concertación de asistencia sanitaria, supone una gran mejora al derogado en 1998". Señala que aporta una serie de beneficios, como "un marco económico máximo fijo para todos los procedimientos que se pudieran concertar en la Comunidad Autónoma de Andalucía, contemplando todas las posibilidades de asistencia sanitaria que pudieran llegar a ser concertadas sin algún momento crítico puntual fuera necesario, incluido todo tipo de consultas". Una circunstancia que, apunta "ya están haciendo comunidades socialistas como Extremadura, Castilla-La Mancha, Valencia...".

"Lo que se pretende con este nuevo proyecto de orden es prever y normativizar las tarifas de concertación de todos los procedimientos para que, llegado el caso, ésta no se puedan concertar a la tarifa que se considere oportuna, como así ha ocurrido en otras comunidades autónomas y como también así ocurrió en la Comunidad Autónoma de Andalucía en ciertos conciertos del Gobierno anterior", concluye.

Por Andalucía denuncia que la Junta prepara una orden que abriría la puerta a privatizar la atención primaria

Tal y como ha adelantado esta mañana la Cadena SER, Por Andalucía denuncia que la Consejería de Salud y Consumo está elaborando una Orden que, de aprobarse en los términos previstos, permitirá por primera vez en la historia concertar con clínicas privadas la atención primaria, estableciendo los precios que pagará el Servicio Andaluz de Salud por estos servicios.

La coalición de izquierdas asegura que, según aparece en su anexo de tarifas, el gobierno de Moreno Bonilla pretende pagar la primera consulta médica de atención primaria a 150 euros, y las sucesivas a 90 euros. Estos precios serían aplicables en el caso de llevarse a cabo en las instalaciones de las clínicas privadas, pero la Orden también fija la cuantía para las que se realicen en la propia red sanitaria pública. Las empresas privadas podrán utilizar los hospitales y centros de salud públicos para desarrollar los actos clínicos que previamente el SAS les haya derivado. La Orden habilita a la Junta para fijar las tarifas que abonará a las empresas privadas por realizar procedimientos quirúrgicos y diagnósticos en instalaciones propias de la Administración, o lo que es lo mismo, pondrá a disposición de las empresas las instalaciones sanitarias públicas para que cumplan con los encargos del propio Servicio Andaluz de Salud.

Su portavoz parlamentaria, Inmaculada Nieto, han registrado esta mañana una solicitud de comparecencia de la consejera de Salud, Catalina García.