El juez imputa a Dorado y nueve empresarios en el primer 'Caso Infraestructuras'
Amplía además la imputación de la ex coordinadora general de Infraestructuras y el funcionario que ya estaban investigados
Ciudad de la Justicia de Córdoba / María Eugenia Vílchez
Córdoba
El titular del Juzgado de Instrucción Número 4 de Córdoba, José Luis Rodríguez Lainz, ha emitido un auto en el que imputa al exconcejal de Infraestructuras, David Dorado, y a 9 empresarios relacionados con los supuestos delitos cometidos en los contratos de esta delegación en 2020 con cargo al Plan de Choque municipal. Además, amplía la imputación de la ex coordinadora general de Infraestructuras, que supervisaba las contrataciones, y del funcionario entonces responsable de el área de Mantenimiento de Edificios y Colegios. Rodríguez Lainz investiga supuestos fraccionamientos de contratos que no se rigieron por la instrucción municipal de 2019 para garantizar la transparencia en su adjudicación y que fueron asignados a empresas ahora investigadas.
Tras recibir el informe de la UDEF, el instructor reconoce en el auto, al que ha tenido acceso Radio Córdoba, que estas prácticas podrían extenderse hasta 10 años atrás. Y ha determinado que Dorado, ahora edil no adscrito, (antes en Ciudadanos) esté en la causa como investigado aunque su situación sea "incierta". Lo hace a la luz de indicios como su "decidida intención" de nombrar a su entonces mano derecha como coordinadora general de Infraestructuras, a pesar de los informes desfavorables. O por ampliar la responsabilidad del funcionario investigado a "importantes parcelas" del área de alumbrado público dirigidas por otro funcionario. A lo que suma los comportamientos descritos en el atestado policial que hacen ver su predisposición a "actos de aparente corrupción" por un intento de cohecho con un empresario al que ofreció mordidas sobre una partida de fondos europeos.
El auto recoge que la investigación policial ha detectado, además de ese presunto intento de cohecho del concejal y la ex coordinadora, pagos al funcionario investigado en forma de estancias hoteleras e incluso con el uso personal de una parcela gracias a empresarios beneficiados por los contratos de la delegación de Infraestructuras. También refleja que en el examen de las 45 facturas de 2022 entregadas a la Policía por parte del Ayuntamiento y que fueron paralizadas para su investigación hay irregularidades detectadas por los propios trabajadores municipales. Fueron actuaciones realizadas antes de que el funcionario investigado fuera cesado, el pasado mes de septiembre. Y, según los propios empleados, se trataba de trabajos de albañilería o pintura que podían haberse realizado "con medios propios" o con el apoyo de las empresas que ostentan una contrata de gestión.
El juez afirma que el atestado policial ha permitido constatar la existencia de "nuevas infracciones criminales" que trascienden la causa que investiga. Aunque desaconseja un "ingobernable" macroproceso y apuesta por separar las investigaciones, aunque a expensas de lo que pudiese pedir la Fiscalía.
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El juzgado comenzó la instrucción el 24 de noviembre de 2021 tras la elevación correspondiente de la Fiscalía tras la denuncia de Izquierda Unida y Podemos por las supuestas irregularidades detectadas en los contratos de alumbrado de la avenida de Libia con cargo al Plan de Choque municipal de 2020.
María José Martínez
Directora de Informativos de Radio Córdoba. Mi trabajo mira especialmente hacia la igualdad, la sociedad...
