El juez archiva la causa del empresario que pidió una mordida al SAS por los test COVID
En la causa declararon como testigos los exconsejeros de Presidencia y Salud, Bendodo y Aguirre y el actual consejero Antonio Sanz
EFE
Sevilla
El juzgado de instrucción número 2 de Sevilla ha archivado la investigación por el supuesto intento de cobro de una comisión de cinco millones de euros al SAS por parte del empresario gaditano Manuel García Gallardo. Este hombre intentó conseguir esa mordida en una operación de venta de test para detectar el covid que estaba negociando con el SAS otro empresario de Asturias, Félix Guerrero, en 2020, durante los primeros meses de la pandemia. El el exconsejero de Presidencia de la Junta de Andalucía y hoy coordinador general del PP, Elías Bendodo, y el exconsejero de Salud y hoy presidente del Parlamento andaluz, Jesús Aguirre, declararon como testigos en la causa. También el actual consejero de Presidencia, Antonio Sanz. El juez no aprecia el supuesto cohecho y dice que las pruebas recabadas durante la investigación "no pueden ser elevadas a la categoría de indicio racional de criminalidad". No pasan de ser "meras hipótesis o conjeturas".
Según el juez, el único fin de que el empresario Félix Guerrero contactara con Elías Bendodo era "obtener la vía adecuada, para mostrar la oferta del producto llamado Speedy bag, ante el órgano competente para proceder a la contratación del producto que ofrecía, respecto del cual estaba especialmente interesado en venderlo a la Junta de Andalucía, sin que ningún indicio de ilícito penal se derive de todo ello". En la causa estaba siendo investigado el exasesor del jefe de gabinete del consejero de Salud, Guillermo González.
El juez afirma que esta persona "carece de facultad para propiciar mediante la percepción de una comisión, el éxito de la contratación del speedy bag pues no tiene potestad alguna para la toma de decisión al respecto, ya que no es parte del órgano de contratación del S.A.S., que tiene encomendada la contratación de los productos sanitarios". Tampoco ve el juez indicios de que este hombre tuviera algún contacto con algún responsable del área de contratación ni de que actuara en connivencia con los empresarios investigados para lucrarse. Tampoco existen correos electrónicos entre ellos ni llamadas de teléfono "que hagan pensar lo contrario", según explica el magistrado en el auto de archivo. Y añade que en cualquier caso Manuel García Gallado tampoco logró su objetivo de incrementar el precio del producto ante la administración andaluza.
Elías Bendodo explicó ante el juez, según los abogados que asistieron a la comparecencia, que un vecino de la playa, el empresario asturiano que luego le alertó de los hechos, le pidió algún contacto porque podía suministrar material para la pandemia. Él le facilitó el correo electrónico creado por el SAS para ese fin y semanas después este vecino le cuenta que ese empresario gaditano que está siendo investigado, García Gallardo, estaba intentado cobrar a la Junta una mordida de cinco millones en la venta de los test de coronavirus. Guerrero denunció que le habían indicado que debía inflar el precio del producto. Lo había hecho un empleado, personal de confianza de la consejería de Salud, cesado cuando se descubrió la historia, Guillermo González.
Bendodo contó que derivó al empresario asturiano a su viceconsejero, a Antonio Sanz, que abrió una investigación interna y que acabó denunciando los hechos en la Fiscalía cuando sospecharon que detrás estaba ese empleado de confianza de la consejería de Salud que fue cesado y también figura como investigado por este supuesto intento de cohecho.
Jesús Aguirre, por su parte, el exconsejero de Salud, detalló que la viceconsejera y la subdirectora de compras del SAS fueron las personas que organizaron la compra de cualquier material y quienes decidían al respecto en función de criterios elaborados por los técnicos.
