Menosprecio al ciudadano

Sevilla

Usted lleva meses haciendo frente a una inflación desbocada; probablemente su sueldo no se ha revisado al alza; y teme la inminente revisión de su hipoteca por el repunte del euríbor. No para de escuchar que se nos echa encima un otoño aciago, con tintes de recesión, y se empieza a romper la cabeza haciendo cálculos de cómo cumplir sus obligaciones y hacerlo, además, en plazo, única manera de evitar pesados recargos, también de la Administración.

El Estado marca sus tiempos de recaudación en la Renta, el IVA de autónomos, los seguros sociales, la ITV, las multas de tráfico, el impuesto de Transmisiones Patrimoniales, los Actos Jurídicos Documentales, la Plusvalía Municipal…Si usted no cumple en el periodo prefijado, se activan mecanismos de recargo, intereses de demora y hasta embargo.

Pero,¿ qué plazos tiene la administración? La Ley 39/2015 establece la obligación de respuesta a la ciudadanía, pero la tardanza en la contestación es el paradigma de la ineficacia. Dos ejemplos reales: un contribuyente ha presentado a la Tesorería de la Seguridad Social un escrito tras el confinamiento, tras la primavera de 2021, y sigue a la espera de noticias; otro caso verídico, un vecino ha reclamado al Ministerio de Universidades la convalidación de un título y ocho meses más tarde solo ha obtenido como única pista para sus planes de futuro un “se resolverá en breve”.

Harían bien las administraciones, en nuevos tiempos de dificultad, tomarse más en serio su relación con la ciudadanía. Ni siquiera molestarse en responder un requerimiento o consulta formal en un trámite público es pura ineptitud y denota una gran miopía por parte de nuestros gobernantes.

Los plazos y las obligaciones deben ser de ida y vuelta. Es el Contrato Social. Ignorar este principio es un desprecio al ciudadano.

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