La Fiscalía observa indicios de delito en contratos de alumbrado público del Ayuntamiento de Córdoba entre los años 2012 y 2020

Córdoba

La Fiscalía Provincial de Córdoba ha acordado elevar a al juzgado su investigación sobre la denuncia interpuesta por el exconcejal de Infraestructuras y Medioambiente, David Dorado (Cs), referida a posibles irregularidades en licitaciones de obras relativas a sustitución de luminarias de alumbrado público de Córdoba en el periodo comprendido entre 2012 y 2020. En el escrito del ministerio público, al que ha tenido acceso La SER, se indica que "los hechos denunciados podrían ser constitutivos de delito de tráfico de influencias, prevaricación y otros" en referencia a la actuación de un funcionario municipal.

Dorado fue desposeído de sus competencias de gestión en el Ayuntamiento de Córdoba después de que Izquierda Unida y Podemos presentasen una denuncia contra su papel al frente del Área de Infraestructuras por presunto fraccionamiento de contratos y prevaricación. El todavía concejal ha negado las acusaciones desde el inicio; y además, se armó con un peritaje externo en el que se analizaba una relación de contratos de alumbrado realizados por el Consistorio.

En dicho informe, se detallaba que en determinados pliegos, se habría exigido a las empresas licitadoras determinados modelos de luminaria, lo cual hubiera podido favorecer a unas empresas sobre otras, de tal forma que se apuntaba que "el precio pagado por el Ayuntamiento podría haber sido mayor que en una situación de libre competencia". Más cuando el modelo requerido no presentaba ninguna ventaja técnica o cualitativa sobre otros disponibles en el mercado y con los que trabajaban otras compañías.

De hecho, Dorado adjuntó a su denuncia la declaración de varios gerentes de empresas en las que lamentaban "imposibilidad de acceder a adjudicaciones del Ayuntamiento de Córdoba". Por ello, la Fiscalía provincial de Córdoba requirió a Capitulares varios contratos para su examen, especialmente aquellos en los que habría tenido participación directa un funcionario de la Delegación de Infraestructuras.

Sobre el mismo, el escrito de la Fiscalía apunta que "su actitud integraría el delito de prevaricación pues emite informes justificativos del gasto e informes sobre contratos menores con pleno conocimiento de la improcedencia de calificación como contrato menor, alterando el objeto del contrato y favoreciendo la adjudicación a determinadas empresas y el abono de cantidades a estas por los servicios prestados, eludiendo los controles establecidos en la ley de contratos del Estado".

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En el decreto se alude también a que los administradores de las empresas adjudicatarias podrían verse investigados por "cooperación necesaria", pues se apunta, "es imposible cometer estos delitos sin la concurrencia de la empresa". Es decir, sin que el funcionario municipal al que se investiga y los directores de las compañías sean cómplices en un trama pensada para el lucro. Y es que, en connivencia con lo que apuntaba el peritaje que encargó Dorado, el texto de la fiscal asegura que "los pliegos de prescripciones técnicas son, en algunos supuestos, contrarios a la Ley de Contratos del Estado al introducir especificaciones que conducen hacia marcas y modelos concretos".

Además, prosigue, "se evita la concurrencia real de empresas" a la hora de competir por esos contratos, "pues según la denuncia presentada existen reuniones previas" entre el funcionario investigado y empresarios, de tal forma que estos habrían contado con "información privilegiada que puedo favorecer la elaboración de la documentación para acomodarla a lo que se recogía en los pliegos de condiciones".

Eso sí, se puntualiza que "no existen elementos para considerar que las contrataciones se realizaran fuera de los precios de mercado" y se niega que las autoridades administrativas y los integrantes de la Mesa de Contratación del Ayuntamiento de Córdoba tuvieran responsabilidad, pues no puede probarse que tuvieran conocimiento de estar actuando en contra del Derecho.