Los abogados piden desde Málaga una reforma para evitar las ocupaciones ilegales de viviendas
Málaga
Los abogados piden desde Málaga un cambio legislativo que ponga coto al problema de la ocupación ilegal de viviendas
Lo han solicitado en el Congreso sobre Ocupación Ilegal que hoy y mañana desarrollan en la costa del sol los colegios de abogados de Málaga, Barcelona y Mataró en un acto inaugurado por la ministra de Justicia, Pilar Llop y que se desarrolla en la malagueña sede colegial.
En su discurso, la ministra, ha incidido en que la ocupación ilegal es “una realidad que preocupa muy seriamente al Gobierno y que nos obliga a ser muy rigurosos y a evitar confusiones”. Asimismo, tanto el derecho a la propiedad como el de la vivienda son “derechos compatibles en nuestra Constitución y que esta protege”, siendo la vivienda “el quinto pilar del Estado del Bienestar”.
Durante estos dos días, se expondrá la problemática de la ocupación ilegal en España, desde todas las perspectivas: legal, política, social, económica y de seguridad.
Málaga es la segunda provincia andaluza con mayor número de viviendas ocupadas, cerca de un millar. Cada día se registra en esta provincia una denuncia por usurpación de vivienda y se registran cuatro casos de ocupación diarios según datos del Ministerio del Interior
Los letrados reconocen que, una vez dentro, con la legislación actual, es muy difícil echar a los ocupas y los plazos judiciales pueden durar meses, por ello piden seguridad jurídica a los propietarios.
Aseguran que también las capas más vulnerables de la población de ven afectadas por este problema ya que las mafias actúan sobre viviendas sociales destinadas a aquellas familias que demandan un techo a la administración. A ello se suman los problemas económicos, de convivencia y seguridad jurídica.
Los abogados piden para España una legislación que permita, como en países como Alemania, o Reino Unido, desocupar una casa en un tiempo máximo de 24 horas.
Además de la ministra Llop, el acto inaugural ha contado con la participación del presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado Escaño, que ha aludido a este primer Congreso de Ocupación Ilegal como un “foro magnífico para abordar los problemas que genera la ocupación ilegal en nuestro país”. Una situación de la que “también se benefician las mafias”, haciendo hincapié en el “daño reputacional que, concretamente en Málaga, puede ocasionar al turismo y a la inversión extranjera”.
Por su parte, la consejera de Fomento de la Junta de Andalucía, María Francisca Carazo, se ha referido a este fenómeno como a algo que no es “aislado” y ha invitado a “reactivar cuanto antes las reformas normativas”.
Victoria Ortega Benito, presidenta del Consejo General Abogacía Española, ha explicado que debe haber un “equilibrio entre la defensa de la persona, privada de su vivienda, y la situación de vulnerabilidad de muchas personas”, destacando el valor añadido que pueden aportar los juristas en esto.
Salvador González Martín, decano de la Abogacía de Málaga, se ha encargado de dar la bienvenida a todos los presentes, trasladando entre otras ideas que "pretendemos con este congreso un cambio normativo para hacer frente a las graves carencias de nuestro país en materia de vivienda". El decano ha destacado el aumento de la ocupación en nuestro país, un problema cuyo tratamiento no puede olvidarse de las familias vulnerables.
La decana del Colegio de Abogados de Mataró, María Pastor Santana ha afirmado que "estamos asistiendo a un aumento de la ocupación delincuencial". Una ocupación casi "a la carta". Hay que adaptar la legislación a las nuevas formas de delincuencia, sin olvidar a las comunidades de propietarios.
Jesús M. Sánchez García, decano del Colegio de la Abogacía de Barcelona, ha expuesto que “es necesaria una medida cautelar inmediata de lanzamiento de la persona que ocupa ilegalmente una vivienda, contra la voluntad de su propietario, ya sea este una persona física o jurídica. La Seguridad jurídica es imprescindible en un Estado de derecho”. También ha destacado la labor realizada desde la abogacía institucional para buscar instrumentos jurídicos que permitan terminar con la ocupación ilegal de viviendas.
