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UGT respalda a Gabriela Bravo y apoya la exigencia del B2 de valenciano para puestos de la Generalitat

También estima que la exigencia debería elevarse al C1 (antiguo mitjà) en aquellos puestos cuyas funciones requieran de una cualificación

Funcionarios atendiendo al público / Cadena Ser

Funcionarios atendiendo al público

Valéncia

El sindicato UGT considera razonable y proporcional la exigencia de B2 de valenciano para el acceso a la función pública de los puestos de la Generalitat que sean de nivel A1 y A2. UGT ha puntado que lo considera obligatorio porque "con esta capacitación lingüística estarían garantizados los derechos de la ciudadanía a comunicarse con la Administración valenciana en la lengua propia".

También estima que la exigencia debería elevarse al C1 (antiguo mitjà) en aquellos puestos cuyas funciones requieran de una cualificación, mientras que para los colectivos pertenecientes a las agrupaciones profesionales, la exigencia no podría ser superior al antiguo nivel oral, han indicado fuentes del sindicato.

UGT lamenta que esta cuestión haya saltado de nuevo a la arena política y recuerda que durante la negociación con la Generalitat del texto de la nueva Ley de Función Pública la posición del sindicato fue que la exigencia del valenciano para el acceso a una plaza pública fuera proporcional a las funciones asignadas al puesto, lo que requería la negociación de un reglamento.

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Gonzalo Fernández, secretario de Administración y Justicia de UGT señala que en el Estatut d´Autonomia están recogidos los derechos de los castellano parlantes, y no se puede ir más allá Recuerda que cuando se negoció la ley de la Función Pública, ya se abordó la exigencia del C1 para los funcinarios, pero la cláusula que llegó a incorporarse al ante proyecto de ley tuvo que ser retirada de la norma, puesto que el Consell Jurídic Consultiu la consideró contraria a derecho. Fernández inssiste en que si el requisito lingüístico fuese mayor habría una cascada de recursos en los tribunales que la Generalitat acabaría perdiendo

Gonzalo Fernández de UGT respalda a la consellera Bravo en la capacitación lingüística de los funcionarios

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El sindicato ha recalcado que comparte la posición de la conselleria de Justicia de que el actual sistema educativo homologará los estudios de Bachillerato con el B2, y ha matizado que "no sería comprensible que se exigiera a futuros aspirantes mayor nivel de conocimiento del que proporciona la enseñanza pública".

Comisiones está a la espera de conocer el informe sobre el reglamento

Por su parte Comisiones Obreras está a la espera de conocer el informe sobre el reglamento del requisito lingüístico, pero sí que señala que la capacitación lingüística deberia adecuarse al puesto que se desempeñe en la administración y que las homologaciones académicas se adecuen tambien a los niveles de la función pública.

 
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