La propuesta de Bravo de exigir el nivel de valenciano de Bachillerato en la administración despierta el malestar de sus socios y entidades valencianistas

València

Acció Cultural del País Valencià muestra su sorpresa tras las declaraciones de la consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, quien ha asegurado que en breve tendrá listo el reglamento que regulará que, para acceder a los grupos A y B de la función pública, bastará con tener el valenciano de Bachillerato. Bravo manifestaba, tras recibir el informe de la comisión de competencia lingüística, que no hará falta hacer ninguna prueba suplementaria, salvo para algunos casos específicos.

El gerente de la entidad, Toni Gisbert, considera a este respecto que "no se está jugando en absoluto a favor" del valenciano e insta al president de la Generalitat, Ximo Puig, a que el nivel C1 de valenciano o 'mitjà' sea un "requisito imprescindible" para los funcionarios en la Comunitat.

Gisbert ha reclamado a Puig a que "dé carta de naturaleza a lo existente" porque "situarse por detrás de Feijóo en el tema de la lengua propia sería más que grave".

Desde Compromís, socios de Gobierno de Bravo, se oponen también a la decisión de la consellera de Administración Pública. Según su síndica en les Corts, Papi Robles, insiste en que este nivel de exigencia del valenciano es "muy bajo" y asegura que su formación seguirá trabajando para conseguir aumentarlo, para que se exiga a los funcionarios la capacitación que se exige a los profesores.

La consellera Bravo se ha defendido y responde que no se puede decir que el modelo plurilingüe busca que alumnas y alumnos sean capaces de hablar castellano, valenciano e inglés y luego reclamar para el valenciano una prueba que no se exige en el caso del castellano.

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Bravo ha declarado estar dispuesta a buscar un punto de encuentro con sus socios botánicos de Compromís.