Dos años de impunidad

Hoy debemos recordar que hace dos años murieron 20.000 personas ancianas en residencias, solo entre los meses de marzo a mayo de 2020.

7.690 muertes ocurrieron solo en las residencias de la Comunidad de Madrid. Murieron también usuarios de residencias de ancianos en otras comunidades autónomas, pero el abandono y el maltrato deliberado que ordenó el gobierno madrileño de la señora Ayuso prohibiendo que recibieran la atención hospitalaria a la que tenían derecho, sin duda es la decisión política más grave y que mayor dolor y sufrimiento produjo a tantas personas y familias.

La intervención en 14 de las 450 residencias madrileñas por el elevado aumento de las muertes no ha dado lugar a ningún expediente sancionador y sólo quedan abiertas las investigaciones judiciales que impulsaron algunos familiares de las personas fallecidas.

En esos tres primeros meses de la pandemia, que es cuando ocurrieron la mayor parte de las muertes en las residencias, no hubo inspecciones. Hasta finales de mayo el gobierno de Madrid no se dignó a enviar inspectores para comprobar in situ el estado de las residencias y de las personas allí alojadas. Hasta la fecha solo nueve geriátricos han sido sancionados por gestión deficiente, con multas que apenas suman en total 225.000 euros, pero todas ellas derivadas de inspecciones posteriores a los meses más terribles. Las casi ocho mil muertes de esos tres primeros meses, por la mala atención, la negligencia y el abandono deliberado de un gobierno que tenía (y sigue teniendo) la responsabilidad y la competencia exclusivas de velar por la vida digna de los ancianos que viven en residencias bajo su jurisdicción, siguen impunes. No hay rastro de expediente sancionador alguno durante esa primera y terrible ola. Los informes de Médicos Sin Fronteras y de Amnistía Internacional no dejaron lugar a dudas en 2020. Y que ahora las escasas diligencias abiertas las haya cerrado el Ministerio Público porque ha colocado la carga de la prueba en las familias, en lugar de realizar la investigación para la que tiene los medios y la responsabilidad, es una vergüenza más propia de un “estado bananero” que de un Estado de Derecho.

En Castilla-La Mancha murieron 2.170 ancianos en residencias y el gobierno de Page sigue sin aclarar cuántas de ellas fallecieron sin ser derivadas al hospital. La Fiscalía sigue sin investigarlo de oficio.

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Esclarecer la responsabilidad de este elevado número de muertes en las residencias durante la emergencia sanitaria, debe ser objeto de investigación exhaustiva y profunda por parte de la Fiscalía, además de abrirse una Comisión de la Verdad en el Congreso.

Es lo menos que corresponde hacer, por respeto a las víctimas y para evitar que los hechos se repitan. No hacerlo es asegurar la impunidad para quienes pudiendo evitarlo, dejaron morir en soledad y con grave sufrimiento, a miles de personas condenadas de facto al encierro y privadas de su derecho a la asistencia sanitaria.

La discriminación de las personas ancianas en las residencias ha sido una de las mayores vergüenzas en 45 años de democracia. Y los graves fallos del sistema, siguen ahí, sin abordarse. E impunes sus responsables.