¿Deben Las administraciones revisar los precios de los contratos públicos?

Oviedo

El caso de las obras de construcción del Instituto de La Florida en Oviedo puede ser el paradigma de la situación que atraviesan, a día de hoy, muchos contratistas de la administración pública. La UTE adjudicataria de estas obras pretende rescindir el contrato debido a la importante subida que han sufrido los precios desde la fecha de adjudicación. De acabar así las cosas, sería la segunda ocasión en que una adjudicataria de estas obras acabase echándose atrás. Ya en 2019 otra unión temporal de empresas, adjudicataria también de la construcción del nuevo equipamiento, renunció al contrato alegando que el proyecto se encarecería ante la necesidad de eliminar la tierra contaminada que se localizó al inicio de las obras.

Lo cierto es que esta situación se está dando con mucha asiduidad en estos días, y no solo en lo que se refiere a los contratos públicos. En el territorio de los contratos privados está ocurriendo lo mismo. Acuerdos que se han formalizado por un precio, que ahora son imposibles de cumplir dado el constante alza de los costes que ha colocado la inflación en números históricos. Hace unos días, el presidente de CAC ASPROCON, Joel García ya advertía de la dificultad que tendrían muchas empresas para cumplir con contratos de construcción e incluso viviendas ya vendidas que será imposible acabar por el precio firmado.

La diferencia en la contratación pública estriba en que “todo tiene que hacerse de una manera más formal, con una licitación, cambiar entonces las condiciones de un contrato es más difícil y los tiempos son mucho más largos, meses e incluso años”, explica Alejandro Huergo, catedrático de derecho administrativo de la Universidad de Oviedo y experto en contratación pública, que este jueves nos ha acompañado en Hoy por Hoy Asturias. Si a esta habitual lentitud del proceso público le añadimos la rapidez con la que han subido los precios, el impacto es mayor y las dificultades para solucionar estos problemas son también mucho más grandes. Puede ocurrir que el incremento de precios, de manera súbita, se haya producido en un momento posterior a la adjudicación e incluso a la adjudicación: “Aquí nos encontramos con contratos adjudicados en un precio razonable en su momento, que ahora resulta insostenible, aclara Huergo”.

La importante subida de la inflación que estamos sufriendo en la actualidad viene después una larga temporada de estabilidad de precios. Esta tesitura provocó que el mecanismo de revisión de precios en los contratos dejara de aparecer en la mayoría de los acuerdos“ y nos ha pillado con una legislación que había reducido este mecanismo al mínimo imprescindible”, añade.

Para tratar de paliar los efectos de esta situación y evitar que las renuncias a contratos públicos se acumularan en las consejerías, no hace mucho, comunidades autónomas como Galicia y Extremadura aprobaron leyes en las que se permitía compensar a los contratistas de obra que habían sufrido estos incrementos de precios. Posteriormente, hace apenas unas semanas, el gobierno central aprobó un decreto ley que permite aplicar una revisión de precios con carácter extraordinario, pero únicamente en los contratos de obra “pero todavía no a otro tipo de contratos, como pueden ser los de suministro o servicio”, detalla Alejandro Huergo.

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Así que a la hora de buscar soluciones, nuestro invitado apunta, primero a este mecanismo estatal, para los contratos de obra, y luego allí donde sea posible, a la revisión de precios ordinaria que solo funciona a partir de los dos años. Por eso habrá muchos casos en los que los contratistas renuncien y haya que volver a licitar con precios más altos, lo que para la administración no es buen negocio, ya que preferiría poder elevar los precios y no asumir el parón y una nueva licitación, con todo lo que ello conlleva”, explica Huergo.

Los contratos en la administración pública se adjudican “a riesgo y ventura del contratista; es decir, es este el que asume el riesgo asumiendo que las cosas le pueden salir muy bien o muy mal”. Pero en este escenario en el que el riesgo no es, ni mucho menos normal, nuestro invitado apunta a que “los tribunales acabarán reconociendo que este riesgo extraordinario debe ser compartido por administración y empresarios y habrá de compensarles de alguna manera. Lo que pasa que esto llegará con el paso del tiempo, por eso el gobierno central y algunas comunidades autónomas, están poniendo en marcha mecanismos de compensación que permitan paliar esta situación”.