Una pinta asquerosa

Madrid

Es realmente muy difícil que un juez en España haya autorizado el espionaje de las comunicaciones de un grupo de personas tan grande e indiscriminado como el que se asegura que ha sido controlado mediante el sistema Pegasus. A decir verdad, es casi imposible que ningún juez lo haya autorizado, con ese sistema ni con ningún otro. Así que si ese espionaje se ha producido es un grave delito y ni tan siquiera será posible alegar que se trataba de hacer frente a un problema de seguridad nacional, lo que tampoco lo convertiría en legal, porque, para colmo, los espiados son ciudadanos españoles en territorio español. Así que el Gobierno hace frente a un problema muy serio y tiene que dar una explicación rápidamente. El sistema Pegasus fue comprado, dicen los expertos canadienses que han destapado el asunto, por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) entre 2000 y 2010, pero como muy bien dice la ministra de Defensa, Margarita Robles, el CNI no puede espiar a nadie, sin autorización judicial. La ministra no puede escudarse en el hecho de que no esté constituida la Comisión de Secretos Oficiales (otra de las desesperantes anomalías que se van añadiendo al pésimo funcionamiento del Congreso) porque no se trata de informar sobre actividades que afectan a la seguridad del Estado, sino de explicar si alguien (trabaje donde trabaje) ha cometido un delito. Todo tiene una pinta asquerosa y no puede quedar en el aire.