Multas de hasta 300.000 euros por organizar una fiesta ilegal en Ibiza y por asistir pueden llegar a los 30.000
La normativa elaborada por el Govern balear define estos eventos como reuniones con ánimo de lucro
Imagen de la reunión celebrada este martes / Cadena SER
Ibiza
Catalogar una fiesta ilegal como una reunión con ánimo de lucro cuyos organizadores pueden ser multados con hasta 300.000 euros. Y también podrán ser sancionados los participantes con cuantías que pueden alcanzar los 30.000 euros. Esto es parte de lo que se recoge en la normativa que ha elaborado el Govern y que permitirá tener una figura legal con la que se pueda combatir de forma más eficaz una de las lacras que tiene la isla en los meses de verano.
Govern Balear, Consell de Ibiza y los Ayuntamientos de la isla se han reunido hoy en la sede la institución insular para tratar los detalles de este documento del ejecutivo autonómico y fijar un marco de actuación coordinado. Se podrá identificar a todos los que intervengan, organizadores, comercializadores o participantes. El régimen sancionador para los primeros oscilará entre los 100.000 y 300.000 euros.
Se quiere aprobar esta norma lo antes posible para que esté en vigor este verano. Las corporaciones locales serán las instituciones responsables de su aplicación, con el apoyo de Govern y Consell. La principal novedad es que se multará a los asistentes a las fiestas y a los propietarios de las viviendas donde se celebren. También deberán responder los que colaboren haciendo publicidad o aportando desde equipos de sonido, catering o bebidas.
La consellera balear de presidencia, Mercedes Garrido, dice que han buscado una norma que sea efectiva para combatir las fiestas, que tenga un efecto "disuasorio" y que los que pretende organizar un evento de este tipo "se lo piensen dos veces".
Por su parte, el presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, señala que apostaban por un texto "más ambicioso" con medidas provisionales que permitan actuar en el momento en el que se celebra la fiesta, pero reconoce que esto es inviable porque entraría en conflicto con artículos constitucionales. En cualquier caso, apunta que esta norma representa un avance "importante y necesario".
Se avisa de que todas las administraciones serán inflexibles a la hora de hacer cumplir esta normativa.
