Las entidades del tercer sector denuncian una deuda superior a dos millones de euros por parte del Gobierno asturiano

Asturias

Conflicto a la vista entre las entidades que trabajan con la discapacidad y el Gobierno asturiano. ¿El motivo? Una deuda superior a los dos millones de euros por parte de la administración con las organizaciones del tercer sector. El encuentro mantenido con la consejera del ramo Melania Álvarez y su equipo no ha servido para encontrar solución a un problema que ha ido creciendo con los años. Está previsto que las partes vuelvan a sentarse el próximo viernes 22 de abril.

CERMI Asturias ha denunciado la "angustiosa y preocupante" situación que están atravesando las entidades que están gestionando las plazas de los centros concertados con su consejería, es decir, todo lo que incumbe a residencias, unidades de atención infantil temprana o alojamiento). Se sienten “completamente abandonados” por parte del departamento desde hace más de año y medio. Una de sus portavoces Carmen de la Rosa ha alertado de que "hay entidades que están al borde del cierre. (La consejera y el director general)No nos han dicho nada distinto que hemos tenido en anteriores encuentros". De la Rosa ha apuntado que el argumento son "problemas burocráticos, personal de intervención y falta de infraestructura técnica. No es un problema de recursos económicos, tienen disponibilidad de pago, pero no tienen agilidad la hora de hacerlo".

Los problemas comenzaron hace más de dos años, cuando se publicó la nueva Ley del Principado de Asturias sobre Acción Concertada. Denuncian que la no aplicación de la norma ha supuesto que "los ingresos recibidos desde la Consejería sean los mismos desde el año 2016, sin haberse efectuado ninguna subida" y cifran las pérdidas generadas en más de 581.000 euros. A esto se suma el impago repetido de facturas relativas a servicios de personal, transporte o proveedores, entre otros, que alcanzan los 1,4 millones de euros. De hecho, una parte del dinero deberá ser reclamado vía judicial. Concretamente las facturas de 2019 y 2020 ya que son anteriores al Acuerdo Marco prorrogado en 2020, según la consejería.

Desde el CERMI Asturias recuerdan que representan a más de 20.000 personas con algún tipo de discapacidad y sus familias y más de 2.000 trabajadores, más del 50% tiene algún tipo de discapacidad. Además el organismo gestiona 1.000 plazas en centros de día, de apoyo a la integración o viviendas tuteladas. Ante la situación, el próximo martes está previsto que se concentren a las puertas de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar.