El estraperlo sanitario del siglo XXI

Todos recordamos que cuando el Gobierno decretó el estado de alarma hace ahora dos años, prohibió toda actividad comercial que no fuera la relativa a productos de primera necesidad, tanto alimenticios como sanitarios. Prácticamente se cerró el país, porque la muerte nos dio un hachazo con cifras cercanas -por aquel entonces- a las 1000 personas al día.

Conviene no olvidar ese dato ahora que comienzan a conocerse conductas realizadas en aquella época de emergencia por parte de quienes estaban cercanos al poder y no tuvieron ningún escrúpulo a la hora de aprovecharse de la precariedad generalizada de sus compatriotas para lucrarse de manera indecente y punible.

Cuando terminó la guerra civil, las familias potentadas del franquismo no solo masacraron a los del otro bando sino que esquilmaron a los supervivientes amasando auténticas fortunas con el famoso “estraperlo”, mercado negro de productos de primera necesidad generado por el control del mercado lícito por parte del Estado y de la oligarquía franquista -incluida la nobleza.

Lo ocurrido durante esos meses mortíferos de 2020 es tan grave o más que aquella esquilmación que duró hasta 1952. En la querella interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción se describe perfectamente la trama urdida por este par de desaprensivos, que actúan de común acuerdo, y en la que el aristócrata pavo enlacado interviene por su amistad con un familiar del Alcalde de Madrid para dejar vía libre al engañabobos del trapicheo, que consigue 6 millones de euros para los dos en concepto de comisiones. Todo ello debe probarse, naturalmente; como tiene que serlo que el precio abonado superaba en un 60% el de las mascarillas, en un 81% el de los guantes de nitrilo y en un 71% el de los test de antígenos -muchos inservibles, por cierto-, productos comprados a precio de oro cuando los españoles morían a miles a causa de la pandemia.  Se describen también los bienes adquiridos y ahora susceptibles de embargo: coches de alta gama por valor de más de 2 millones de euros, yates, relojes. Es la descripción descarnada del “choriceo”, esa práctica que se atribuye al lumpen y que con frecuencia abunda en las altas esferas sociales.

Los delitos imputados por la Fiscalía supondrían una pena máxima de 17 años de prisión por estafa, falsedad y blanqueo de capitales. Esa es la diferencia con el estraperlo del siglo XX: que contamos con una Fiscalía democrática que persigue el delito sin tener en cuenta la sangre azul, roja o negra de los imputados, a los cuales cabe desear un juicio justo, muy justo.

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