Un acusado de estafar a una comunidad de vecinos de Palencia se enfrenta a cuatro años de cárcel
El Fiscal califica los hechos de estafa agravada y alternativamente de administración desleal
Sentencia condenatoria para el ex alcalde de Boadilla de Rioseco, Palencia / Getty Images
Palencia
El que fuera administrador de una comunidad de propietarios de Palencia se enfrenta a una pena de cuatro años de cárcel, once meses de multa a razón de 12 euros diarios y al pago de una indemnización de 89.315,11 euros más intereses, por, según el Fiscal, estafar a una comunidad de vecinos. Lo tipifica como delito de estafa agravada, o, alternativamente, como un delito de administración desleal. La acusación particular califica los hechos de administración desleal en concurso con un delito de estafa agravada. eleva la petición de pena a ocho años de cárcel, multa de 24 meses con cuota de 50 euros diarios, pide la misma indemnización que el Fiscal y añade otros 50.000 euros por perjuicios materiales y morales.
El ministerio público da por probado que el acusado, J.C.I.P., como administrador de una comunidad de propietarios de la capital, tenía autorización para actuar en la cuenta que los vecinos tenían abierta en una entidad bancaria. Además, era administrador y socio único de una empresa de construcción.
Presuntamente, en el año 2017 firmó un contrato de ejecución de obra consistente en la instalación de un ascensor, eliminación de barreras arquitectónicas y arreglo del portal por un precio cerrado de algo más de 130.000 euros, IVA incluido. El Fiscal da por probado que "ocultaba a la comunidad que no tenía intención de cumplir las obligaciones que nacían del contrato". Consiguió que los propietarios ingresaran en una cuenta algo más de 100.000 euros.
En marzo de 2017 se celebró una junta de vecinos en la que, por mayoría de los asistentes, se eligió a la empresa del acusado para acometer las obras. Entre julio de 2017 y noviembre de 2018, el hombre ordenó quince transferencias desde la cuenta de la comunidad a la cuenta de su empresa por importe de algo más de 72.000 euros.
Además, habría ordenado otras tres transferencias en el mismo periodo a otras cuentas que no tienen relación con la comunidad, pero de las que el acusado era también administrador y socio único. Esas transferencias superaron en total los 25.000 euros.
La licencia municipal se concedió en febrero de 2018. Las obras arrancaron al mes siguiente y en noviembre se paralizaron. Se había ejecutado menos del nueve por ciento del total presupuestado. En marzo de 2019 la junta de vecinos aceptó la renuncia del procesado como administrador y acordó la resolución del contrato suscrito con la constructora. En mayo de 2019 se acordó la continuidad y finalización de las obras con otra empresa con un precio cerrado de unos 110.000 euros. El juicio está previsto para el próximo 9 de mayo en la Audiencia de Palencia.
