El Defensor del Pueblo advierte a Madrid sobre los cortes de luz en la Cañada Real

Madrid

El 22,4 % de las quejas y solicitudes de recurso al Defensor del Pueblo en 2021 se han realizado en la Comunidad de Madrid, y de ellas el defensor ha advertido al Gobierno regional sobre los cortes de luz en la Cañada Real, las viviendas del Ivima y el cierre de los SUAP, entre otros asuntos.

Las 6.361 quejas registradas en la Comunidad de Madrid en 2021 son menos que las del año 2020 (7.100), pero superan con creces los escritos procedentes de otras comunidades, ya que desde Andalucía, la segunda región que registró más quejas en 2021, se han remitido 3.517 escritos, según expone el defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, en el Informe Anual 2021 de esta institución.

El defensor llama la atención sobre varios asuntos, indica que continuará investigando el Plan Integral de Atención Primaria presentado por la Comunidad de Madrid, del que señala que los incrementos de plantilla no están previstos por el momento, y también subraya las quejas de ciudadanos disconformes con la supresión de los servicios de urgencias de atención primaria (SUAP).

Se refiere al plan con una inversión de 200 millones de euros de la Comunidad de Madrid que contempla mejoras salariales de hasta 7.400 euros anuales y una ampliación de 1.200 plazas en Atención Primaria.

También indica que frente a la tendencia al alza de solicitudes de alumnos que quieren cursar Formación Profesional, las administraciones educativas deben reforzar, modernizar y flexibilizar las enseñanzas de esta formación y aumentar la oferta.

Según denunciaron sindicatos como CCOO, el 54 por ciento de las solicitudes en Grado Superior fueron rechazadas el pasado curso por falta de plazas públicas, es decir, que casi 25.000 jóvenes se quedaron sin plaza pública en los estudios de FP que habían elegido.

Sobre la venta de viviendas del antiguo Ivima, ahora Agencia de Vivienda Social, el defensor del pueblo considera que la Comunidad de Madrid, responsable de la venta, debe enfrentar "sin demora" la solución a los problemas de los vecinos.

Entre ellos, que muchos no saben a quién deben seguir pagando la renta mensual o la fecha exacta en la que se va a ejecutar la recuperación de las viviendas; hay adjudicatarios que no habitan en los inmuebles adjudicados por no poder hacer frente a las condiciones del fondo de inversión, y también hay viviendas vacías están generando perjuicios económicos y molestias a otras comunidades.

El defensor asegura que durante este año analizará la evolución de los acontecimientos y considerará reabrir las actuaciones oportunas "con los organismos competentes y las administraciones implicadas".

Respecto a los cortes de luz de la Cañada Real, el defensor llama la atención sobre los realojos que se han puesto en marcha y los que se financiaran con cargo al Real Decreto 1058/2021, de 30 de noviembre, no debieran servir de "excusa para pensar que el problema se resolverá a través de la eliminación de los viviendas existentes en la zona en un plazo de tiempo aceptable".

"En el mejor de los casos, esa solución necesitaría de años y no resulta aceptable desde ningún punto de vista que las personas que allí viven permanezcan privadas del acceso a un suministro esencial como la energía eléctrica", señala el informe.

También concluye el defensor del pueblo que la modificación de la ordenanza que regulaba Madrid Central "reduce el nivel de protección ambiental existente" ya que permite "una mayor entrada de vehículos tanto en la Zona de Bajas Emisiones de Especial Protección-Distrito Centro como en la zona de Plaza Elíptica".

Señala el defensor que, de acuerdo con el Tribunal Constitucional, cuando una Administración promueve o aprueba normativas aplicables al medio ambiente, la modificación debe ir precedida de una "sólida justificación técnica" para asegurar que no se reduce el nivel de protección ambiental existente.

"Dicha justificación no se ha encontrado en el caso analizado", ha indicado el defensor, que recuerda que se formularon cuatro sugerencias al respecto al Ayuntamiento de Madrid que "no han sido aceptadas".