Nueva denuncia para que se investiguen los pagos indebidos de UGT en Madrid
El sindicato Solidaridad, próximo a Vox, entrega el escrito ante la Fiscalía de Madrid
Sede la Audiencia Provincial y de la Fiscalía regional / Cadena SER
Madrid
Esta denuncia se suma a otra presentada por la propia UGT ante la Fiscalía de Madrid y a la que presentó ante la Policía el exsecretario general de UGT Madrid Luis Miguel López Reíllo, que dimitió tras denunciar este caso, el pasado 21 de diciembre. Unos tres millones de euros es la cifra que se desviaba presuntamente a empresas ficticias y a trabajadores que no existían.
En la denuncia, se solicita al fiscal del caso que requiera al Fogasa los expedientes de los pagos a UGT. También que se reclame al banco los extractos de las transferencias y cheques relacionados. De igual modo, este sindicato pide que declaren Luis Miguel López Reíllo y el responsable de finanzas, Clemente Sánchez Arenas.
El sindicato Solidaridad, sindicato de Vox, señala que hay 4 delitos sobre la mesa: falsedad en documento público. estafa, apropiación indebida y un delito contra los derechos de los trabajadores
Tras la dimisión de Reillo, se puso en marcha una gestora presidida por Rafael Espartero, vicesecretario general de organización confederal y policía municipal de Madrid.
Fue precisamente la gestora del sindicato la que puso en manos de la Fiscalía de Madrid la documentación facilitada en su denuncia por el exlíder del sindicato. A principios de enero, la Fiscalía acordó la apertura de unas diligencias de investigación tras la denuncia de UGT.
El desvío de dinero público del presunto entramado se habría situado entre el millón y los dos millones de euros y se habrían creado trabajadores falsos y empresas ficticias para poder desviar los fondos.
Además del personal de la propia UGT, se sospecha que también forman parte de la trama pequeñas entidades bancarias. Los datos aportados centran estas actuaciones en la zona de Getafe.
El exlíder de UGT Madrid recibió hace unos meses importantes avisos de los analistas económicos cercanos al propio sindicato que habían detectado "descuadres y descontrol absoluto" en las cuestas de gestión de esos fondos, y le recomendaron poner el caso en manos de las autoridades policiales.
De forma paralela, UGT abrió una investigación interna con un auditor para determinar "la profundidad" de la estafa y garantizar que el estafado en la trama corrupta es el propio sindicato, dado que se pagaron pagados fondos a trabajadores que no eran receptivos de esos fondos.
