Blindar al profesorado de Religión que no dé clase en Navarra costaría 2,5 millones
La SER avanza el informe que rechaza la proposición de ley de Navarra Suma que pretende garantizar sueldos y condiciones del profesorado elegido por el Arzobispado ante la bajada de horas lectivas al mínimo legal
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Un grupo de estudiantes atiende a clase en un centro concertado / EUROPA PRESS (EUROPA PRESS)
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Pamplona
El Gobierno de Navarra aprobará este miércoles oponerse al trámite de la ley presentada por Navarra Suma para blindar los contratos del profesorado que imparte religión ante la bajada de horas aprobada para el próximo curso en cumplimiento del acuerdo que hizo presidenta a María Chivite (PSN). Oposición basada en el sobrecoste de este blindaje propuesto por la coalición de derechas.
Este informe es preceptivo en todas las proposiciones de ley que puedan llevar incremento de gasto y el Ejecutivo está obligado a remitirlo en 15 días al Parlamento, antes de que se vote la admisión a trámite de la norma en pleno. En este caso, Educación cifra en dos millones y medio de euros por curso el sobrecoste de la propuesta de Navarra Suma de blindar los contratos de las 145 personas que imparten Religión a día de hoy.
Con la reducción horaria prevista para el próximo curso, hay carga lectiva para 87 docentes, a los que se añaden 20 más por reducciones por edad o liberaciones sindicales, entre otros. Por tanto, el excedente será de 28 personas, con un coste de 1,3 millones de euros. Para el siguiente curso, mientras, quedarían 56 docentes sin clases que impartir. Mantener sus contratos, como pretende la propuesta de Navarra Suma, costaría 2 millones y medio de euros.
Incremento de gasto que lleva al Gobierno a manifestar su disconformidad con la ley. Añade además el informe del departamento que en cualquier otra asignatura o materia, distinta de la Religión, en la que por variaciones en el número de alumnos matriculados o modificación del currículo se reducen horas o clases ha sido necesario reducir la contratación. Esto ocurre tanto cuando hay descenso de alumnado matriculado como cuando, por decisiones políticas se reduce o elimina alguna materia. Es lo que ocurrió, por ejemplo, cuando el Ministerio de Educación decidió eliminar la Filosofía en la ESO o cuando la denominada Ley Wert (PP) eliminó la asignatura de Educación para la Ciudadanía, desarrollada por el gobierno de Rodriguez Zapatero (PSOE).
La reducción al mínimo legal de las horas de Religión no supondrá una disminución de horas lectivas para el alumnado. Las horas que se quitan a esta asignatura, se distribuirán entre otras materias, que también tendrán que ser reforzadas con más docentes.
¿Puede encargarse el profesorado de Religión que se quede sin clases que dar de esas materias? En principio no. Tampoco la propuesta de Navarra Suma detalla qué actividad deberían tener si no dan clase para seguir percibiendo el sueldo y mantener sus condiciones. El acceso a las plazas de esa asignatura no lleva el mismo mecanismo que el resto ni requiere los requisitos de titulación y especialidad para impartir otras materias. Las personas que imparten religión no pasan por oposición ni listas Es el Arzobispado quien los elige y pone sus propios requisitos.
Es obligatorio estar bautizado católico y obtener la "Declaración Eclesiástica de Idoneidad" que concede el obispado. Para ello, se exige, literalmente "recta doctrina y testimonio de vida cristiana". Deja en manos del obispo los criterios morales y religiosos para concederla y también la revocación de esa declaración en el momento que el prelado considere que se incumple alguno de esos criterios y tampoco podrá ejercer en otra diócesis. Una vez se logra esa Declaración, es el arzobispado el que adjudica la "missio canonica", termino latino con el que se designa la plaza educativa concreta.
La proposición de Ley para mantener condiciones, sueldo y plantilla del profesorado de Religión fue registrada el pasado 17 de febrero por Navarra Suma. PSN, EH Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra han adelantado su rechazo mientras que Geroa Bai, socio del ejecutivo, apunta a que puede respaldarla si antes Educación no garantiza el mantenimiento de esas condiciones y puestos por su propia iniciativa.