Una buena noticia que saca los colores al Gobierno

Durante la semana que ha pasado, las crisis del PP y la invasión de Ucrania por Rusia nos han venido a mostrar lo peor de la política de partido, lo peor de las personas y lo peor del mundo que hemos construido. Pero también la semana pasada, el jueves concretamente, conocimos una buena noticia. Una noticia extraordinaria por deseada, necesaria y justa: la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que ha determinado que la normativa española que niega el acceso a las prestaciones por desempleo a las empleadas de hogar es contraria al derecho de la Unión Europea.

Y es que el nuestro es un país con numerosas normas discriminatorias, directas y sobre todo indirectas, que deberían haber sido depuradas desde hace mucho tiempo.

Una de esas normas discriminatorias, es la que niega la protección por desempleo a las trabajadoras del hogar, que el alto tribunal entiende que contraviene el derecho europeo al constituir una discriminación indirecta por razón de género, al perjudicar a un colectivo formado casi exclusivamente por mujeres.

España está obligada, como ya ocurrió en 2019 -cuando el mismo tribunal apreció discriminación en el cálculo de las pensiones de jubilación de quienes trabajaban a tiempo parcial-, a adecuar la normativa. En esa ocasión el Tribunal Constitucional tuvo que declarar inconstitucional esa norma y el Gobierno se vio obligado a cambiarla.

Esta vez, sería deseable que la norma se modifique sin más demora, por el sufrimiento y la desprotección que la actual normativa discriminatoria genera a casi medio millón de mujeres.

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Es hora de recordar al gobierno de España, y particularmente al Ministro de Seguridad Social, que el Acuerdo de coalición de hace dos años entre PSOE y Unidas Podemos, en su apartado 1.11, dice textualmente lo siguiente: “culminaremos con carácter prioritario la plena integración en el Régimen de Seguridad Social a las empleadas del hogar a lo largo de la legislatura. Firmaremos y ratificaremos el Convenio número 189, de 2011, de la Organización Internacional del Trabajo sobre las trabajadoras y trabajadores domésticos”. Esto, lo que significa es la plena equiparación de derechos de las empleadas de hogar al resto de trabajadoras por cuenta ajena y, concretamente, igualdad en el acceso a la prestación por desempleo.

La excepcionalidad del decreto (RD Ley 11/2020) que en la pandemia aprobó tres meses de subsidio de paro extraordinario para las empleadas de hogar (y al que muy pocas pudieron acceder en la práctica) no se aprovechó -como hubiera sido necesario- para eliminar la discriminación que el Estado ejerce contra las mujeres empleadas de hogar.

Ahora, con la sentencia del Tribunal Europeo, el gobierno deberá actuar tarde, vergonzosamente y obligado por las circunstancias, en lugar de hacerlo en cumplimiento de su propio acuerdo de gobierno.