La Diputación respalda Valdecañas y pide revisar la Red Natura 2000
Los grupos políticos presentes en la Diputación de Cáceres se han unido para instar a la Junta a que recurra el derribo total del complejo turístico y paisajístico Marina Isla de Valdecañas, a la vez que solicita una “revisión” de los terrenos incluidos en la Red Natura 2000
Marina Isla de Valdecañas / Google
Cáceres
El pleno ordinario de febrero de la institución provincial ha aprobado este jueves una declaración institucional consensuada por los tres grupos, PSOE, PP y Ciudadanos, que busca el recurso ante el Tribunal Constitucional y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo que ordena el derribo total del complejo.
Además, de instar a la Junta de Extremadura a que recurra la decisión y a hacer todo lo posible para que el derribo no se lleve a término, solicita que se plantee a las administraciones competentes la revisión de los terrenos incluidos en la Red Natura 2000, "para hacer compatibles la conservación de estos hábitats naturales con el desarrollo económico y social de estos territorios".
El portavoz del Equipo de Gobierno provincial, Álvaro Sánchez Cotrina, ha mostrado su respeto a las sentencias judiciales, aunque ha dicho que el tema es “serio y relevante” para el futuro de la provincia y la región, así como para la “autoestima de la gente que vive en nuestros pueblos”. “Tenemos que seguir apostando desde esta institución por dar oportunidades, por impulsar un proyecto de vida para todo el que quiera quedarse a vivir en su tierra, que pueda hacerlo con este y con otros muchos proyectos”, ha expuesto.
La declaración institucional advierte también de dos aspectos importantes que se derivarían de la ejecución de la sentencia, uno en el plano personal, que afectaría a todos aquellos trabajadores y sus familias que han organizado sus vidas y la de sus hijos alrededor de un puesto de trabajo que puede desaparecer de la noche a la mañana y que se verían obligados a hacer las maletas para irse a otros lugares. El otro aspecto es el material, que supondrá hacer frente al altísimo coste económico ocasionado por el derribo del complejo, cuantificado en más de 150 millones de euros, lo que causaría "un gran quebranto no solo a las arcas de la Comunidad Autónoma sino también a todos los extremeños".
