Docentes de Religión defienden sus puestos: "No pedimos nada que no se pueda hacer"

Pamplona

Son más de 160 docentes de la asignatura de Religión en la red pública educativa de Navarra y se pueden ver afectados por la reducción horaria de esa materia al mínimo previsto por la ley. Por ese motivo, Jerusalén Igal, una de esas profesoras y representante del sindicato ANPE, explica que "el colectivo está muy nervioso porque no sabe cómo va a salir de esta. No hemos tenido más que la vía del Parlamento". Y recuerda que en otras Comunidades sí que se ha llegado a un acuerdo y cita el caso del País Vasco, con el profesorado de secundaria.

Igal recuerda que el tipo de contrato que tiene el profesorado de religión "es un contrato laboral indefinido, que es muy distinto al contrato que tienen los interinos porque ellos tienen contrato administrativo con lo cual aquí ya hay unas grandes diferencias". "Nuestra relación contractual es con el Departamento de Educación. Sobre el personal afectado, explica que "son personas que llevan 30, 35 e incluso 40 años" de experiencia laboral en las aulas. "Nuestros contratos, que en muchos casos ya están a tiempo parcial se van a ver reducidos considerablemente a raíz de la reducción de las sesiones de la asignatura". "Es un problema de tipo laboral que afecta mayoritariamente a mujeres mayores mayores de 55 años con contrato laboral indefinido para la Administración y que durante muchísimos años hemos trabajado de forma me atrevería decir muy profesional, y todo ello con un sistema y una forma de contratación que no hemos elegido nosotros sino que se nos ha ido determinando legalmente a lo largo del tiempo" por los gobiernos de turno.

"No pedimos nada que no se pueda hacer, somos profesores y profesoras que cumplimos todos los requisitos legales para ejercer nuestra profesión", y recuerda que "en 2007 se nos hizo una rebaremación, igual que en un concurso, y cada uno ahí fue eligiendo según su baremo, el destino. Explica que para dar esta asignatura tienen que contar con el visto bueno, -la missio canónica- por parte del Delegado Diocesano, "pero eso no es algo oscuro que no se pueda ver sino que simplemente se nos hace un examen, una entrevista (...) y a partir de ahí de ese momento es la administración educativa la que va llamando a las personas".

Y como alternativas a esa reducción, apunta que "por ley, podemos hacer actividades pedagógicas propias de nuestra condición y en los centros hay muchísimas tareas en las que el profesor de religión puede realizar; por ejemplo, responsable de convivencia, de prevención, de nuevas tecnologías y comunicación, de calidad, responsable de redes... muchísimas tareas que por nuestra propia condición las podemos realizar". Y matiza: "No estamos aquí pidiendo contratos completos para todos. Hay muchos contratos a tiempo parcial. Lo que queremos es que eso se mantenga". Y sobre la oposición de varios grupos del Parlamento a tramitar la proposición de ley que ha planteado en esta cuestión Navarra Suma, y que podría ser apoyada en última instancia por Geroa Bai, señala Igal: "No entendemos como una iniciativa de este tipo no puede ser apoyada por todos los grupos políticos cuando de lo que estamos hablando es de la defensa de unos puestos de trabajo donde la mayor parte son mujeres con muchos años de servicio a sus espaldas con contratos a tiempo parcial en muchos casos y que probablemente si estuviésemos en otro ámbito laboral seguramente no habría ningún problema y prefiero aquí poner puntos suspensivos".

LAB SE OPONE A UNA LEY

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Posición bien distinta es la que manifiesta el portavoz del sindicato LAB, mayoritario en la Educación pública: Íñigo Orella recuerda que su sindicato siempre ha defendido un modelo laico: "entendemos que la religión es un aspecto de la vida privada de las personas y de las familias; en ese sentido siempre hemos apostado porque la religión salga de las aulas. Orella apela a la "responsabilidad con el dinero público; la administración está financiando estos puestos de trabajo y se requiere un mínimo de transparencia". Argumenta que para acceder a la función pública deben primar los principios de igualdad, mérito y capacidad. "En este caso, entendemos que la responsabilidad no es de estos trabajadores, sino de la Administración y el Arzobispado, que es quien los elige no se sabe muy bien según qué criterios por lo que no nos parece bien que se financie con dinero público unos puestos de trabajo sin saber cómo se ha optado a ellos".