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A juicio los 23 acusados de organizar peleas ilegales de perros, a los que adiestraban y dopaban para mejorar su rendimiento

La Fiscalía pide para ellos 102 años de prisión

Sede de la Audiencia Provincial de Madrid. Archivo.(EUROPA PRESS)

Sede de la Audiencia Provincial de Madrid. Archivo.

Madrid

El macrojuicio contra los 23 supuestos miembros de una red nacional que organizaba peleas de perros ilegales y los criaba administrándoles sustancias dopantes y otros fármacos se ha aplazado por causas ajenas al juicio de carácter médico. Se ha pospuesto hasta el próximo 7 de marzo en la Audiencia Provincial de Madrid y está previsto que se celebre durante 48 sesiones.

La Fiscalía de Madrid solicita un total de 102 años de cárcel para los acusados, a los que se les imputa los delitos de pertenencia a organización criminal, maltrato animal y omisión de obligación de perseguir delitos. Entre los 23 acusados la Fiscalía señala a los apodados "Rafa" y "Profe" como los líderes de la organización, para los que solicita cinco años y diez meses de prisión, y revela que uno de los miembros es veterinario.

La organización criaba a perros potencialmente peligrosos (PPP) a los que adiestraban para ser más agresivos, proporcionaban sustancias dopantes como testosterona para mejorar su condición muscular y entrenaban "hasta la extenuación", llegando a utilizar cintas de correr, para después enriquecerse mediante apuestas de "grandes cantidades de dinero".

Según el Ministerio Público, la red operaba a nivel nacional, local y regional, detectándose grupos en Madrid, Canarias, Alicante, Murcia, Almería y Málaga, que estaban "interconexionados" y tenían ramificaciones a nivel internacional para participar en peleas fuera de España.

La red criminal fue desmantelada por la Policía Nacional en 2017 mientras celebraban una pelea de perros en Güímar (Tenerife), una operación en la que detuvieron a ocho de los acusados y rescataron a 226 perros, la mayoría en grave estado de salud, de los que 42 acabaron muriendo. En este juicio Podemos ejerce la acusación popular y solicita un total de 471 años para los procesados.

 
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