El Boletín Oficial de la Provincia publica hoy el reglamento de la Ayuda a Domicilio que presta el Ayuntamiento de Aranda. El pleno aprobaba por unanimidad en su última sesión este documento que detalla las características de este servicio municipal.

Como concepto general, este documento indica que la ayuda a domicilio es una prestación destinada a facilitar el desarrollo o mantenimiento de la autonomía personal, prevenir el deterioro individual o social y promover condiciones favorables en las relaciones familiares y de convivencia, contribuyendo a la integración y permanencia de las personas en su entorno habitual de vida, mediante la adecuada intervención y apoyos de tipo personal, socio-educativo, doméstico o social. Añade que no se realizarán aquellas tareas que pueda hacer la persona atendida o la familia por sí sola, favoreciendo la autonomía y evitando en la medida de los posible, la incapacidad progresiva. En definitiva, lo que se persigue es evitar o retrasar mientras no resulte necesario que la persona atendida ingrese en una residencia.

El reglamento determina como posibles beneficiarias las personas de edad avanzada con dificultades en su autonomía personal y condiciones de desventaja social o aquellas con discapacidades o minusvalías que afecten significativamente a su autonomía personal. Pero también incluye a menores de edad cuyas familias no pueden proporcionarles el cuidado y atención que requieren en el propio domicilio y grupos familiares con excesivas cargas, conflictos relacionales, situaciones sociales inestables o con problemas derivados de trastornos psíquicos o enfermedades físicas de gravedad.

Tres niveles de atención

El documento establece tres grados diferentes para regular la intensidad de este servicio. En el primero están las personas catalogadas como de ‘gran dependencia’, que tienen derecho a una prestación de entre 55 y 90 horas mensuales. El siguiente estadio es el de ‘dependencia severa’, estableciendo entre 30 y 54 horas y el rango menor es del de ‘dependencia moderada’, con un máximo de entre 15 y 29 horas de servicio al mes. Todo ello se determina a través de la valoración que hacen los Servicios Sociales del Ayuntamiento cuando reciben una solicitud para este servicio. “Cuando alguien lo solicita, tiene que pedir la solicitud de dependencia, hay una valoración de una trabajadora social que acude a su domicilio y en función de la autonomía que tenga esta persona y los apoyos con los que cuenta, se le adjudica una serie de horas y los servicios que le corresponden o aquellos en los que hay que hacer mayor incidencia”, explica Cristina Valderas, concejal responsable del área.

En cuanto al contenido de esta atención, el reglamento lo divide en varios apartados. El primero es de servicios de atención personal, como las cuestiones de higiene corporal, apoyo a la movilización, a la alimentación y a la recogida y gestión de recetas y otros documentos personales. Otro aspecto es el servicio doméstico, donde se incluye la limpieza básica del hogar y compra y cocinado de alimentos. Hay un tercer apartado de relación con el entorno, que se refiere a acompañar al usuario al centro de día, al centro de salud, otros lugares o simplemente a pasear. Hay un último apartado de carácter más diverso, donde se incluye misiones del cuidador como la de detectar y comunicar a la familia situaciones de riesgo de la persona atendida o apoyar las relaciones intrafamiliares.

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Proteger también a las trabajadoras

Este reglamento, que servirá de base para el pliego de condiciones cada vez que haya que licitar de nueve este servicio, pretende ir en consonancia con el marco común que está en trámites de establecer la Junta de Castilla y León para regularlo en todos los municipios que dispongan de él. Entre otras cosas, contribuirá a evitar que se produzcan abusos por parte de las empresas que lo prestan hacia sus trabajadoras. “Hay que proteger a las trabajadoras, porque ellas son las que están con nuestros mayores y tienen que sentirse cuidadas y con una relación buena en el entorno laboral, así que al final lo que se busca es un ten con ten entre que los usuarios tengan el mejor servicio posible y que las trabajadoras tengan una protección de su trabajo”, concluye Valderas.

Una vez publicado en el BOP, el reglamento ahora se somete a un período de exposición pública de treinta días antes de su entrada en vigor. Durante este período el Consistorio arandino recabará la opinión de varias entidades que podrían tener algo que decir al respecto, como son Fesma, Cruz Roja, Autismo Burgos, Apace y Disfar.