La eterna discriminación de ‘la chacha’

Sevilla

No les voy a hablar de las elecciones en Castilla y León. Les voy a hablar de Virginia, una empleada de hogar a la que le han diagnosticado una enfermedad de larga duración. Su baja, en el mejor de los casos, durará de uno a tres años. El Estado no va a cubrir la cotización a la Seguridad Social que el empleador debe pagar por ella durante todo el tiempo que dure su tratamiento y recuperación, así es que su empleador deberá abonar dos cuotas completas, por Virginia y por su sustituta. Así lo dicta la norma.

En el caso de que el empleador no tenga capacidad económica para afrontar el pago mensual de las dos cuotas completas, puede optar por despedir a Virginia, pero, en ese caso, ella no tendrá acceso a subsidio porque el Régimen Especial de Empleada de Hogar sigue siendo, inexplicablemente, el único que no contempla prestación por desempleo.

¿Hasta cuándo se va a mantener esta discriminación? Y, sobre todo, ¿por qué no se corrige? La propia Seguridad Social da como explicación que el empleador no es un empresario, sino un cabeza de familia en un hogar, un cabeza o una cabeza de familia a la que la Seguridad Social le obligar a pagar una cotización que roza el 30%, casi el mismo porcentaje que afronta una empresa. Casi las mismas obligaciones, pero dispares derechos.

Según la EPA de 2021, en España hay más de 555.000 empleadas de servicio doméstico. El 89% son mujeres. Todas ellas no tienen derecho a paro en caso de despido frente a lo que ocurre en otros muchos países europeos, como Portugal, Francia, Italia, Alemania, Noruega, Luxemburgo, Austria, Bélgica, Finlandia, Dinamarca e Irlanda. Todos tienen ya prestaciones por desempleo para este colectivo.

Ante la inacción de España, será el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el que determine si la ley española es discriminatoria. Solo me queda recordar que las empleadas de hogar han sido y son clave en la incorporación de la mujer de la clase media a la vida laboral.

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A Virginia le deseo su recuperación y que el Estado reconozca sus derechos como cualquier trabajadora de este país, y que no la condene a seguir siendo ‘la chacha’.