Los funcionarios que gestionen fondos europeos se someterán al plan anti fraude
Deberán firmar un código ético y de conducta. Castilla-La Mancha aspira a gestionar 1.500 millones de euros
Toledo, 9 de febrero del 2022.- La consejera de Igualdad y portavoz del Gobierno regional, Blanca Fernández, comparece en rueda de prensa en el Palacio de Fuensalida, para informar sobre los acuerdos del Consejo de Gobierno. (Fotos: D. Esteban González // JCCM) / David Esteban
Toledo
El personal funcionario de Castilla-La Mancha que gestione directamente los fondos europeos tendrá la obligación de firmar un código ético y de conducta que garantice su compromiso "para tener absolutamente las manos limpias" a la hora de gestionar decisiones que, según ha explicado la portavoz del Gobierno regional, Blanca Fernández, "hay que tomar de manera ágil y rápida, pero sin renunciar nunca a garantías de transparencia y de buena gestión".
Esta es una de las medidas que se incluyen en el Plan de Medidas Antifraude de la Junta de Comunidades para la gestión de los fondos europeos 'Next Generation' aprobado por el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha con el fin de minimizar "cualquier riesgo de fraude" que se pudiera producir durante la gestión de dichos fondos.
Castilla-La Mancha dispone en este momento de 1.500 millones de euros que se van a distribuir en cinco grandes ejes. Con estos millones, según ha informado Fernández, se van desarrollar al menos 2.000 actuaciones en diferentes sectores estratégicos que "van a modernizar y hacer más sostenible y competitiva la economía de la región", ha recalcado la portavoz de la Junta.
UN ACIERTO EL PERTE AGROALIMENTARIO
Blanca Fernández, ha calificado de "acierto" el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (Perte) del sector agroalimentario, aprobado por el Consejo de Ministros este martes.
Un Perte que, según ha asegurado Fernández en rueda de prensa, beneficiará de manera "muy importante" al sector agroalimentario de Castilla-La Mancha, que además esta "muy gestionado" por el mundo cooperativo y la pequeña y mediana empresa y la industria agroalimentaria, que es el objetivo "esencial" del Gobierno, ha dicho.
El Perte agroalimentario contará con una inversión pública de unos 1.000 millones de euros hasta 2023 y se prevé generar un impacto de partida en la economía de unos 3.000 millones de euros, estimándose además una creación neta de hasta 16.000 empleos, de los cuales Castilla-La Mancha se va a ver "muy beneficiado" porque el sector agroalimentario supone el 17 por ciento del PIB de la región.
