Economía y negocios

La consellera Mollà reclama al ministro Garzón su implicación en la defensa de los cítricos valencianos

La titular de agricultura le envía una carta al ministro de Consumo para que defiende los intereses de la citricultura valenciana ante Bruselas ante los peligros de los cítricos importados de fuera de la Unión

Cultivo de naranjas / Cadena SER

Cultivo de naranjas

Valencia

La conselleria de Agricultura y Transición Ecológica, Mireia Mollá, le ha remitido al ministro de Consumo Alberto Garzón un escrito en el que el solicita "su implicación en la defensa de los cítricos y fruta española". En la carta, a la que ha tenido acceso la Cadena SER, Mollà le muestra su preocupación por la falta de vigilancia de los mercados y las importaciones de cítricos de países terceros en los que se permite la utilización de plaguicidas para el cultivo y postcosecha no permitidos en el territorio de la Unión Europea.

Según la consellera, la entrada en Europa de estos productos no solo es competencia desleal para la citricultura española, sino que acarrea además riesgo para el consumidor puesto que, mientras en la Unión se prohíbe el uso de determinados plaguicidas, se permite la importación de cítricos y otras frutas provenientes de terceros países que sí los emplean. Asegura Mollà que los productos procedentes de terceros países "deberían ser igual de seguros que los producidos dentro del mercado europeo". La consellera además advierte de las implicaciones que estas importaciones suponen sobre el medio ambiente y la salud vegetal.

Por todo ello pide que se activen de manera efectiva por parte del Gobierno Español "los controles e inspecciones del producto importado, además de la implicación del Gobierno en la defensa de la armonización de las importaciones con la normativa interna de la Unión Europea. Además reclama que, teniendo en cuenta que en octubre del 2022 se cumple el plazo de cinco años que permite la revisión de los Tratados firmados con terceros países, el Gobierno de España intervenga para presentar ante la Comisión Europea propuestas de modificación del Tratado en caso de que se haya demostrado perjudicial para los estados miembros o que no se hayan cumplido los parámetros establecidos.

 
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